En toda democracia la confianza en el correcto ejercicio de la actividad jurisdiccional, en el bienhechor de los jueces y magistrados, y de quienes presiden a los organismos de control, es presupuesto indispensable para alcanzar el adecuado y necesario clima de pacificación social y convivir armónico entre sus conciudadanos, pues la justicia más perfectamente impartida, es uno de los fines del Derecho y de todo Estado. Es que, cuando una sociedad coloca en duda la objetividad, justeza, acierto y precisión en las decisiones que se adopten por los funcionarios investidos de esa misión constitucional, queda destinada, irremediablemente, a sufrir continuas y graves tensiones que pueden poner en peligro la propia existencia democrática de una Nación.
El ciclo del control social se cierra en la judicatura; ella representa el poder moral de una sociedad. En esa empresa, los Jueces y Magistrados reciben las angustias humanas y deben resolverlas con una lúcida, motivada, pero por sobre todo ecuánime decisión. Para ello, les resultan exigibles conductas rectas y ejemplificantes, debiendo elevarse de su condición humana para asumir ese laborío que en los orígenes de los tiempos se les encomendó a los Dioses. Resistirse al halago publicitario, a los ofrecimientos económicos, a lealtades partidistas, a aspiraciones políticas o gremiales, son tentaciones que por lo atractivas ponen a prueba el espíritu de quien regenta el apostolado de administrar justicia.
Así las cosas, el papel del juez en la sociedad se torna imprescindible y por lo tanto se hace necesario que sea ético, proactivo, dinámico, imparcial, independiente y consciente de las distintas realidades que atraviesan las personas, los seres vivos y el medio ambiente, pues la sociedad requiere un juez que sea capaz de resolver con acierto los problemas que se suscitan a través de una sentencia judicial vinculante, es decir con la fuerza de una fuente del Derecho. En el pensamiento de Saavedra, la discusión alrededor de la profesionalización del juez, su actividad probatoria y legitimidad dentro del marco de los poderes del Estado ha experimentado un incremento notable debido a factores coyunturales, potenciándose cuando los países pasan de la dictadura a la democracia, especialmente por el cambio en la naturaleza y alcance que adquiere la ley.
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