NULIDADES EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO (Persona Ausente)

El Tribunal Superior de Villavicencio Sala Pena hizo un recuento sobre las nulidades en el sistema penal acusatorio en lo concerniente a la persona ausente, al respecto recordó que el artículo 306 de la Ley 600 de dos mil (2000) contempla como causales de nulidad de la actuación: (i) La comprobada existencia de irregularidades sustanciales que afecten el debido proceso, (ii) la violación del derecho a la defensa. 🔒 Acceso restringido Para leer el artículo completo y descargar la providencia, necesitas estar suscrito. ¿Aún no tienes membresía? Suscríbete ahora y accede a todo el contenido, incluyendo modelos, libros, esquemas, resúmenes jurídicos y jurisprudencia. Suscríbete Las mencionadas circunstancias invalidantes pueden ser invocadas por cualquiera de los sujetos procesales dependiendo la etapa de la actuación en la que se configure, empero, además declaradas de oficio por parte del funcionario judicial cuando se advierta su configuración, como lo dispone el artículo 307 ibidem. En todo caso, como lo ha sostenido reiteradamente la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ AP5222-2019, radicado 52701), quien la invoque o decrete, deberá determinar de manera suficiente el motivo anulatorio y las razones en que se funda -como se expuso en precedencia-, empero, teniendo como faro los principios que rigen la ineficacia de los actos procesales, señalados en el artículo 310 de la Ley 600 de dos mil (2000). Ahora bien, abundante ha sido la jurisprudencia constitucional y especializada que de antaño ha avalado la vinculación del procesado bajo la figura de la declaratoria de persona ausente que contempla el canon 344 de la citada codificación procedimental. Empero, además de resaltarse que es el último recurso al que debe acudir el órgano instructor para tal finalidad, también ha sido reiterativa en señalar que una vez decretada, aquella no eclipsa la obligación del funcionario judicial competente en cada etapa (investigación y juzgamiento) en cuanto a la necesidad de persistir en la ubicación del sindicado -por todos los medios posibles- con miras a lograr su comparecencia a la actuación, en garantía de los demás derechos que le asisten; deber que se ha insistido «no cesa en un momento determinado, sino que persiste a lo largo de todo el proceso». Puntualmente, afincando la sólida línea jurisprudencial que rige el tema, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en decisión CSJ SP1964-2019, radicado 54151, destacó lo siguiente: «En efecto, la Corte Constitucional y esta Corporación han sido enfáticas en señalar que dicho modo de vinculación es apenas supletorio (…). En efecto, solo ante la manifiesta imposibilidad de lograrlo (…) podría acudirse a dicha figura, caso en el cual se impone establecer si se trata de una circunstancia de contumacia (…) o de una persona que, en realidad, no tuvo oportunidad de enterarse de la existencia del proceso, porque el Estado no fue lo suficientemente diligente al buscarlo, evento éste constitutivo de una irregularidad sustancial con la entidad necesaria para invalidar la actuación. Por eso la doctrina de la Sala ha tenido oportunidad de hacer diferencia entre el procesado que se oculta (…) y aquel que no tiene oportunidad de enterarse de la existencia del mismo -porque las autoridades judiciales o policiales no orientan los esfuerzos a través de los datos consignados en la actuación sobre su localización, a su captura-, toda vez que, desde luego, bajo esta última hipótesis no podría justificarse el adelantamiento de un asunto penal en todas sus fases sin la posibilidad -si así lo quiere-, de ser escuchado y en esa medida propugnar por defenderse de las imputaciones en su contra. (…) En este punto, está bien resaltar que, la declaración de persona ausente no libera al funcionario judicial de la obligación permanente de perseverar en la búsqueda, cuandoquiera que aparezcan datos que permitan la ubicación del procesado, caso en el cual debe ser enterado de la actuación a fin de que empiece a ejercer su derecho de defensa, esencialmente, material». Finalmente, debe recordarse que según las previsiones de los artículos 176 y subsiguientes de la Ley 600 de dos mil (2000), deben ser notificadas las sentencias, los autos interlocutorios y algunas providencias con carácter de sustanciación allí expresamente definidas; unas de ellas de manera personal, entre tanto, otras por estado, edicto, conducta concluyente o en estrados. Descargar la providencia aquí 2018-00114-01 nulidades Nulidades Nulidades

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