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El Consejo de Estado ratificó y modificó la sentencia que condenó a la iglesia pentecostal de Colombia al pago de 18 mil millones de pesos por la muerte de 33 menores en fundación magdalena. Al respecto, dijo: En los eventos en que la responsabilidad provenga de la competencia organizacional, institucional o de injerencia, la conducta admite, por mandato del legislador, la modalidad culposa. Debe recordarse, además, que la dimensión de la obligación de actuar derivada de la calidad de garante no es irrestricta, por cuanto persiste hasta el límite de la probabilidad de conjurar el resultado lesivo, es decir, hasta donde el obligado esté en posibilidad física y real de evitarlo, como establece el artículo 2347 del Código Civil. Esto se lee: (…) La Sala tiene establecido que ostenta posición de garante quien, por competencia organizacional, institucional o de injerencia, … Leer más

La Corte Suprema de Justicia, en sentencia SP022-2025 confirmó la condena contra EPA COLOMBIA y recordó los fines del delito de instigación a delinquir cometido a través de las redes sociales. Para el alto tribunal: A través de las redes sociales como Facebook y YouTube se procura la reproducción y propagación del contenido de interés del titular, ojalá hasta llegar a la “viralización” de los mensajes; que generan en los receptores diferentes reacciones, dependiendo de la aceptación e influencia del autor. Por ello, la importancia de la responsabilidad con la que se emplean esos recursos tecnológicos y las consecuencias de quienes, sin reparos, los utilizan para la propagación de asuntos ilícitos. Dichos medios, utilizados por DANEIDY BARRERA ROJAS, son instrumentos con plena aptitud para la difusión masiva de haceres y pensamientos promotores de pautas comportamentales. Por su conducto, una figura … Leer más

El Tribunal Superior de Medellín recordó sobre las horas de recreación, cultura y deporte consagradas en el artículo 21 de la ley 50 de 1990. El artículo 21 de la ley 50 de 1990 estableció para los trabajadores de algunas empresas, el derecho a disfrutar de dos horas de la jornada de 48 para actividades recreativas, culturales, deportivas o de capacitación en los siguientes términos: En las empresas con más de cincuenta (50) trabajadores que laboren cuarenta y ocho (48) horas a la semana, estos tendrán derecho a que dos (2) horas de dicha jornada, por cuenta del empleador, se dediquen exclusivamente a actividades recreativas, culturales, deportivas o de capacitación. Así, en sentencia de la Corte Suprema de Justicia de fecha 10 de octubre de 1991 Expediente 2316 se señala que para que se configure el derecho consagrado para los … Leer más

La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, evaluó si la separación de hecho puede disolver la sociedad conyugal y permitir una sociedad patrimonial de hecho: Adelántese que la acusación se abrirá paso, en tanto la hermenéutica del fallador de segundo grado, basada en una revisión formal y textual de los preceptos denunciados, pasó por alto que, como lo preconiza la casacionista, a la separación de hecho ocurrida entre el causante y su cónyuge le era aplicable el artículo 167 del Código Civil, con el fin de dar por extinguida la sociedad conyugal y, por esta vía, superar el impedimento para la formación de la sociedad patrimonial. Lo primero que ha de sentar este Tribunal al respecto, es que se aparta del precedente dictado por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, … Leer más

La Honorable Corte Constitucional en Sentencia T515-2024 recordó sobre el deber del juez laboral de dictar condena minus petita. Al respecto, dijo: En la jurisprudencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia se ha desarrollado el concepto de la condena minus petita como un deber de los jueces laborales. Según ello, los jueces no pueden supeditar su decisión a la demostración estricta de los extremos temporales pretendidos o del salario enunciado en la demanda, pues si en el proceso se logra probar un tiempo de servicio inferior o un salario menor, es imperativo que emita una condena. Ello porque, cuando los interesados acuden al juez buscan obtener una solución definitiva a sus controversias, pues ello los conduce a un estado de certeza y seguridad jurídica en sus relaciones laborales, lo que además contribuye al objeto vital del Estado … Leer más

La Honorable Corte Constitucional en Sentencia T502-2024 reiteró la jurisprudencia sobre el estándar de motivación de la orden de captura en el anuncio del sentido del fallo. Al respecto, dijo: El precedente de la máxima instancia judicial penal indica que la privación de la libertad impuesta en el anuncio del sentido del fallo es la consecuencia del presupuesto de necesidad. En tal sentido, se explica que el juez debe evaluar si la detención es necesaria conforme al artículo 450 de la Ley 906 de 2004, disposición que “se enfoca en los criterios para determinar la punibilidad y posibles mecanismos sustitutivos de la pena”. De igual manera, establece el precedente penal que, al momento del anuncio del sentido del fallo, pueden influir en la decisión de privar el derecho a la libertad, factores relativos a impedimentos objetivos para la concesión de … Leer más

La Honorable Corte Suprema de Justicia en Sentencia SU360-2024 recordó sobre la diferenciación entre los tipos penales de injuria por vías de hecho y de acto sexual violento. Al respecto, dijo: Tanto la doctrina como la jurisprudencia han mencionado qué comportamientos configuran la injuria por vías de hecho. Por una parte, la doctrina penal ha señalado que “una bofetada, un puntapié sin consecuencias lesivas para el cuerpo o la salud, pues de quedar secuelas habría concurso de injuria y lesiones personales, como lo habría también de injuria y daño en bien ajeno cuando la injuria consiste en manchar o destruir [la ropa] de otra persona”. Por otra parte, la Corte Suprema de Justicia ha entendido que este delito “trata de las formas, distintas a las verbales, en que se ofende el honor de una persona, como cuando se le abofetea … Leer más

La Honorable Corte Constitucional, en sentencia T518-2024, recordó sobre la naturaleza jurídica de las juntas de calificación de invalidez. Al respecto, dijo: La naturaleza de las juntas de calificación de invalidez fue definida inicialmente por los artículos 42 y 43 de la ley 100 de 1993. En particular, el artículo 43 establecía que la Junta Nacional de Calificación de Invalidez tenía sede en la ciudad de Bogotá y estaba integrada por miembros designados por el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social. Adicionalmente, señalaba que el gobierno nacional era el encargado de regularla y que los integrantes de tal junta no tenían el carácter de servidor público. A través de la sentencia C-1002 de 2004, la Corte se declaró inhibida para conocer una demanda contra estos artículos por ineptitud sustantiva de la misma. Sin embargo, en dicha providencia afirmó: “Debido a … Leer más