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La Sección Tercera del Consejo de Estado declaró responsable administrativa y patrimonialmente a la Fiscalía General de la Nación por la privación injusta de la libertad de la que fue víctima un ciudadano con base en una orden de captura vencida. El demandante, en sede de reparación directa, fue capturado por miembros de la Policía, puesto que la orden de captura que una fiscalía especializada había proferido en su contra por el delito de homicidio agravado se encontraba vigente, a pesar de que la investigación había precluido cinco meses antes. Si bien el ente acusador informó, posteriormente, al comandante de la policía sobre la cancelación de la orden y ordenó su libertad inmediata, el actor sufrió de una detención injusta durante tres días. A partir de esa situación fáctica, la Sala advirtió que en este evento se configuró un defectuoso funcionamiento … Leer más

¿CÓMO PUEDO HACER MI TESTAMENTO? Antes de hacer referencia a los pasos que se deben seguir para hacer el testamento, definamos de lo que se trata este documento y, para ello, se acudirá al Código Civil que en su artículo 1055 establece que: “Es un acto más o menos solemne, en que una persona dispone del todo o de una parte de sus bienes para que tenga pleno efecto después de sus días, conservando la facultad de revocar las disposiciones contenidas en él mientras viva”. De lo anterior se concluye que una persona organiza sus bienes con efectos subsiguientes a su muerte, sin importar la edad que tenga al momento de constituirlo, ni el tiempo en el que lo haga; lo esencial es que tenga la capacidad para hacerlo. En Colombia no es muy usual que las personas hagan un testamento para dejar … Leer más

El delito de concierto para delinquir requiere: Primero: Un acuerdo de voluntades entre varias personas; segundo: Una organización que tenga como propósito la comisión de delitos indeterminados, aunque pueden ser determinables en su especie; tercero: La vocación de permanencia y durabilidad de la empresa acordada; y cuarto: Que la expectativa de realización de las actividades propuestas permita suponer fundadamente que se pone en peligro la seguridad pública». El delito de concierto para delinquir tiene lugar cuando varias personas se asocian con el propósito de cometer delitos indeterminados, ya sean homogéneos, como cuando se planea la comisión de una misma especie de punibles, o bien heterogéneos, caso en el cual se concierta la realización de ilícitos que lesionan diversos bienes jurídicos; desde luego, su finalidad trasciende el simple acuerdo para la comisión de uno o varios delitos específicos y determinados, en … Leer más

Antes de mencionar las diferencias, veamos la definición que nos trae el Código Penal de sobre la Coautoría y el concierto para delinquir: Art. 29 autores: Es autor quien realice la conducta punible por sí mismo o utilizando a otro como instrumento. Son coautores los que, mediando un acuerdo común, actúan con división del trabajo criminal atendiendo la importancia del aporte. También es autor quien actúa como miembro u órgano de representación autorizado o de hecho de una persona jurídica, de un ente colectivo sin tal atributo, o de una persona natural cuya representación voluntaria se detente, y realiza la conducta punible, aunque los elementos especiales que fundamentan la penalidad de la figura punible respectiva no concurran en él, pero sí en la persona o ente colectivo representado. El autor en sus diversas modalidades incurrirá en la pena prevista para la … Leer más

El Consejo de Estado estableció que, para efectos de demostrar la dependencia económica para lograr el reconocimiento de una pensión de sobrevivientes, no existe tarifa legal y en ese sentido, resultan válidos las declaraciones extrajuicio, el interrogatorio de parte y cualquier otro medio que sea útil para la formación del convencimiento del juez. Lo anterior en el curso de una acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Boyacá, donde la accionante consideraba el tribunal, incurrió en defecto fáctico y en exceso ritual manifiesto, al proferir la sentencia de segunda instancia en la que restó valor probatorio a la declaración extrajuicio aportada con la demanda y el interrogatorio de parte practicado, a través de los cuales se buscaba demostrar que la tutelante dependía económicamente de su hija para efectos del reconocimiento de la pensión de sobrevivientes. Para la Sala Administrativa … Leer más

La Sala Novena de Revisión de la Corte en sentencia T-526 de 2019 protegió los derechos fundamentales al mínimo vital, a la vida en condiciones dignas y a la seguridad social de una mujer de 21 años de edad, quien dio a luz a una niña el 9 de septiembre de 2018, estando vinculada laboralmente a una empresa de expendio de licores. La accionante fue afiliada el 10 de abril de ese año a Comfenalco Valle E.P.S., entidad prestadora de su servicio de salud, como cotizante. Un mes y medio después del nacimiento de su hija, la accionante solicitó a la E.P.S. el pago de incapacidad ocasionada durante el periodo de gestación y el pago de la licencia de maternidad. Sin embargo, en noviembre de ese mismo año la E.P.S. negó el reconocimiento de las prestaciones económicas solicitadas, con el … Leer más

La Corte constitucional en sentencia T-043-20 ordena a institución educativa renovar contrato de trabajo a una docente que fue discriminada por estar en estado de embarazo. La Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional, con ponencia del magistrado José Fernando Reyes, ordenó a una Institución Educativa contratar a una docente a quien se le había informado con anterioridad que se le renovaría su contrato de trabajo y después de saber que estaba en estado de embarazo, no se le renovó, configurándose una defraudación de la confianza que esta tenía de que continuaría trabajando. El reconocimiento lo realizó la Corte luego de analizar el caso de Dora Patricia Ramírez, quien por medio de la acción de tutela manifestó que, en una reunión de fin de año, uno de los propietarios de la Institución educativa manifestó que se le renovaría el … Leer más

La Sala Cuarta de la Corte Constitucional, en Sentencia T–086 de 2020, recordó que el derecho a la educación nace de la connotación derecho-deber que supone obligaciones mínimas y recíprocas a cargo de quienes intervienen en el proceso educativo. En particular, este derecho implica obligaciones de la familia, quien no solo debe asegurar su realización, sino también honrar las obligaciones que conduzcan a la misma. En esta oportunidad, se revisó la acción de tutela de una joven quien solicitaba que se le amparara su derecho a la educación, luego de que la institución educativa no le suministrara la correspondiente certificación de estudio y su diploma de bachiller por no encontrarse al día en el pago de las respectivas mensualidades. En el estudio del caso, la Sala evidenció que la institución no vulneró el derecho a la educación de la joven; … Leer más