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La honorable Corte Suprema de Justicia, en sentencia SC267-2023, se refirió al Dictamen pericial e hizo un Paralelo entre lo que reglaba el CPC y el CGP. Al respecto indico: El dictamen pericial es un medio de prueba y procede para llevar al juez especiales conocimientos técnicos, científicos y artísticos sobre hechos que interesan al proceso, que son ajenos al saber común y jurídico del juez, por lo que se trata de informar «acerca de los hechos percibidos o deducidos, sus efectos y causas, y el juicio que los mismos le merecen, a objeto de que este, sobre tales bases, pueda formar su convicción acerca de ellos». El dictamen pericial tiene requisitos para la existencia jurídica y validez del mismo. Los primeros hacen referencia a que debe tratarse de un acto procesal, es decir, que debe hacer parte de un … Leer más

La Honorable Corte Suprema de Justicia en Sentencia SC225-2023 se refirió a la prueba indiciaria, y ratifico los indicios tenidos en cuenta por el tribunal para probar la mala fe de la asegurada, entre estos indicios en tubo en cuenta los siguientes: i) Las irregularidades en el informe policial de tránsito. ii) Las contradicciones respecto de las condiciones de modo, tiempo y lugar en los que supuestamente habría ocurrido el siniestro. iii) la contratación inusual de ocho (8) contratos de seguro a escasos meses de la supuesta ocurrencia del accidente de tránsito. En materia de indicios, el recurrente tiene la carga de demostrar que «estuvieron admitidos como probados o como no probados los hechos indicativos; si todas las conjeturas dependen exclusivamente de un indicio no necesario; y si la prueba por indicios es o no de recibo en el asunto … Leer más

La honorable Corte Suprema de Justicia en Sentencia SC276-2023 se refirió los litisconsorcio necesario y facultativo en el plano contractual y sus efectos. Al respecto manifestó: Hay eventos que, por la naturaleza misma de la controversia, deben ser resueltos de manera uniforme y con la presencia de todos los sujetos de derecho implicados. En tal caso, se impone para quien activa la función jurisdiccional, la necesidad de dirigir la acción contra absolutamente todos ellos y, si así no lo hace, surge para el juez el deber de disponer su vinculación en la fase de admisión o, inclusive, antes de sentenciar la causa, a fin de integrar en debida forma la relación jurídico procesal y de darle efectividad a la decisión judicial definitoria de la discusión, so pena de vaciar el contenido de importantes garantías y de incurrir en nulidad procesal. … Leer más

La Honorable Corte Suprema en Sentencia SC276-2023 hizo algunas reflexiones sobre la fiducia mercantil y el encargo fiduciario. Al respecto manifestó: La fiducia mercantil es un negocio jurídico por medio del cual una persona -el fideicomitente- transfiere uno o más bienes determinados a otra -la fiduciaria- en procura de que los administre o enajene para cumplir así una finalidad especificada por el constituyente, en beneficio de este o de un tercero -fideicomisario-, según lo prevé el artículo 1226 del Código de Comercio. Se trata, por tanto, de un acto jurídico mercantil de carácter bilateral, oneroso, conmutativo, principal, real y de ejecución continuada, cuyo bastión esencial es la confianza depositada por el fideicomitente en la fiduciaria que se vincula en el armazón negocial, al ser la fiducia un instrumento económico y jurídico que sirve de vehículo legal para canalizar la inversión. … Leer más

La honorable Corte Suprema de Justicia en sentencia SC248-2023 hizo un recuento sobre las obligaciones de hacer y sus requisitos, al respecto manifestó: Las obligaciones de hacer A esta clase de obligaciones, por oposición a las de «dar», pertenecen las prestaciones que consisten en la realización de una actividad diferente de la entrega de una cosa. Para decirlo de otra manera, su objeto se ciñe a la ejecución de un acto positivo, cuyo contenido varía en función de las particulares necesidades de los contratantes. En una economía como la colombiana, donde tiene gran importancia el sector terciario o de servicios, las obligaciones de hacer ocupan un destacado renglón, y por ello están a la orden del día, unas veces, como compromisos accidentales en los contratos y otras, en el rango de prestaciones esenciales. Muestra de vinculum iuris de ese tipo, … Leer más

La Comisión Nacional de Disciplina Judicial recogió los supuestos en lo cuales los abogados pueden aceptar poder sin que medie paz y salvo de su antecesor, justificadamente, esto es, sin incurrir en la falta disciplinaria prevista en el numeral 2.° del artículo 36 del Código Deontológico del Abogado. Lo anterior, dentro de un proceso en el cual se declaró disciplinariamente responsable a un abogado en primera instancia por aceptar el poder conferido por una cliente, para ejercer su defensa judicial al interior de la acción de lesividad adelantada por la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP), sin que hubiese sido expedido el paz y salvo por parte del abogado antecesor Juan Sebastián Arévalo, hoy quejoso. Al respecto, la comisión estableció los supuestos en lo cuales los abogados pueden aceptar poder sin paz y salvo: 1. La desatención del abogado … Leer más

El eximente conocido como «hecho de la víctima» se presenta  cuando la actuación de aquella constituyó la causa exclusiva o concurrente del daño. Sobre el particular, en SC 19 may. 2011, rad. 2006 -00273-01,  reiterada en SC5050 -2014, dijo la Corte, En lo que concierne a la conducta de la víctima, en tiempos recientes, precisó la Corte: “(…) se puede señalar que en ocasiones el hecho o la conducta de quien ha sufrido el daño pueden ser, en todo o en parte, la causa del perjuicio que ésta haya sufrido. En el primer supuesto –conducta del perjudicado como causa exclusiva del daño -, su proceder desvirtuará, correlativamente, el nexo causal entre el comportamiento del presunto ofensor y el daño inferido, dando lugar a que se exonere por completo al demandado del deber de reparación. Para que el demandado se libere … Leer más

El tribunal de sucre, en sentencia del 10 de mayo del 2023, recordó que los requisitos para acreditar la responsabilidad del estado por omisión en el deber de seguridad y protección son los siguientes:  La existencia de una amenaza cierta y real en contra de la víctima. El elemento cognitivo de dicha amenaza por parte de la autoridad demandada, ya sea por solicitud expresa de protección o por conocimiento de la situación de peligro. La configuración de una omisión en el cumplimiento de las funciones que el ordenamiento jurídico le impone a la demandada, verificada mediante el cotejo de tales obligaciones normativas frente al grado de cumplimiento u observancia del mismo por parte de dicha entidad, más la relación fáctica y causal entre la omisión y el daño alegado. Lo anterior, dentro de un proceso de reparación directa contra la … Leer más