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Tribunal de Medellín, en providencia del 30 de marzo del 2023, magistrado Ponente Nelson Saray, botero radicado 050016099166201813758-01 se aparta del precedente fijado por la Corte Suprema de Justicia en torno al Art. 349 del C.P.P. y la justicia penal premial. Para el tribunal: “en el simple allanamiento a cargos no se debe exigir el cumplimiento del canon 349 del C.P.P.” Para apartarse del precedente judicial, el tribunal argumenta lo siguiente: Desde la misma ley se infiere que los preacuerdos y los allanamientos son diferentes, ontológicamente y en sus consecuencias, aunque hacen parte del género de terminación anticipada del proceso penal. En efecto, expresa el artículo 293 C.P.P. que «Si el imputado por iniciativa propia o por acuerdo con la Fiscalía acepta la imputación, se entenderá que lo actuado es suficiente como acusación» (se subraya). Esa «o» es disyuntiva, no … Leer más

El derecho a la sindicalización es uno de los derechos fundamentales de los trabajadores y empleadores en Colombia. Este derecho les permite constituir libremente organizaciones permanentes que los representen y defiendan sus intereses comunes de profesión u oficio, sin necesidad de autorización previa del Estado o de los empleadores. Así lo establecen los artículos 39 y 55 de la Constitución Política de Colombia. La Corte Constitucional ha reconocido el derecho a la sindicalización como una modalidad del derecho de libre asociación, que tiene una doble dimensión: individual y colectiva. La dimensión individual se refiere a la facultad de cada trabajador o empleador de afiliarse o no a un sindicato, sin que pueda ser obligado o impedido por nadie. La dimensión colectiva se refiere a la capacidad de los sindicatos de organizarse internamente y funcionar democráticamente, sin injerencia o intervención del … Leer más

El derecho de asilo es una garantía que tiene toda persona ante el ordenamiento jurídico internacional, que le permite buscar y recibir protección en un país extranjero cuando su vida, integridad o libertad están amenazadas por motivos de raza, religión, nacionalidad, opinión política o pertenencia a un determinado grupo social. Este derecho está consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre, la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados y otros instrumentos internacionales de los que Colombia hace parte. Según la normatividad colombiana, el derecho de asilo se regula por el Decreto 2840 de 2013, que establece el procedimiento para el reconocimiento de la condición de refugiado, las funciones de la Comisión Asesora para la Determinación de la Condición de Refugiado (CONARE) y otras disposiciones. El decreto define al refugiado como … Leer más

El derecho al debido proceso es una garantía fundamental que busca asegurar el respeto a los derechos de las personas que se ven involucradas en una actuación judicial o administrativa. Este derecho está consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia, que establece los principios y las reglas que deben observarse en todo tipo de procesos. Según el artículo 29, el debido proceso implica que nadie puede ser juzgado, sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante un juez o tribunal competente e imparcial, y con observancia de las formas propias de cada juicio. Además, toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable, y tiene derecho a la defensa, a un proceso público sin dilaciones injustificadas, a presentar y controvertir pruebas, a impugnar la sentencia condenatoria y a … Leer más

El derecho a la vida es uno de los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución Política de Colombia y por los tratados internacionales de derechos humanos suscritos por el país. Este derecho implica no solo la protección de la existencia física de las personas, sino también el respeto a su dignidad y a su autonomía para diseñar un plan vital y determinarse según sus características. La normatividad colombiana ha desarrollado el contenido y el alcance del derecho a la vida a través de diversas leyes y sentencias judiciales que buscan garantizar su efectividad y su protección frente a posibles amenazas o vulneraciones. Algunas de estas normas son las siguientes: La Ley 2055 de 2020, que aprueba la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, adoptada en Washington, el 15 de junio de 2015. Esta … Leer más

El derecho a la personalidad jurídica es el reconocimiento de la existencia y la capacidad de una persona para ser titular de derechos y obligaciones. Según la normatividad colombiana, este derecho se adquiere desde el momento de la concepción y se extiende hasta la muerte. Además, se protege a las personas jurídicas como entidades creadas por el ordenamiento jurídico para el cumplimiento de fines colectivos. El derecho a la personalidad jurídica implica que se debe respetar la dignidad, la identidad, el nombre, el estado civil, la nacionalidad y el patrimonio de las personas. También se debe garantizar el libre desarrollo de la personalidad, es decir, la facultad de elegir y actuar conforme a los propios planes de vida, siempre y cuando no afecten los derechos de los demás o el orden público. La Corte Constitucional de Colombia ha señalado que … Leer más

El derecho a la paz es un derecho fundamental reconocido por la Constitución Política de Colombia en su artículo 22, que establece que “la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”. Este derecho implica que todas las personas tienen el derecho a vivir en un ambiente libre de violencia, de conflicto armado y de violaciones de los derechos humanos, así como el deber de contribuir a la construcción de una paz estable y duradera. La normatividad colombiana ha desarrollado el derecho a la paz a través de diferentes instrumentos jurídicos, como leyes, decretos, actos legislativos y acuerdos de paz, que buscan garantizar la protección, la promoción y la realización de este derecho. Algunos ejemplos de esta normatividad son: La Ley 434 de 1998, que establece la política de Estado de paz, reconciliación, convivencia y no estigmatización, y … Leer más

El derecho a la integridad personal es uno de los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución Política de Colombia y por los tratados internacionales de derechos humanos. Este derecho implica que toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral, y a que no sea sometida a desaparición forzada, torturas ni tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. La Corte Constitucional de Colombia ha interpretado el alcance y el contenido de este derecho en varias sentencias, en las que ha establecido los principios, las garantías y los deberes que se derivan del mismo. Algunos de los aspectos más relevantes que ha dicho la Corte son los siguientes: El derecho a la integridad personal no solo cubre la composición física de la persona, sino también la plenitud de los elementos que inciden en su salud mental … Leer más