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La Corte Constitucional abordó la distinción entre la reparación judicial y administrativa dentro del modelo concurrente de indemnización para víctimas del conflicto armado: “El caso bajo estudio ha puesto de manifiesto el altísimo nivel de incertidumbre que existe para las víctimas que, al igual que la accionante, a pesar de tener un derecho a la reparación reconocido judicialmente, no pueden acceder a información clara, cierta, completa y oportuna sobre la última fase del proceso (…) En el XI Informe de la Comisión de Seguimiento y Monitoreo a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras se advirtió que la UARIV en 2022, 2023 y 2024 ha incluido bajo el reporte de las indemnizaciones realizadas por vía administrativa, las indemnizaciones judiciales. Es decir, aquellas que corresponden a los pagos parciales realizados por concurrencia subsidiaria del Estado (…) De otro lado, a … Leer más

La Corte Constitucional examinó los requisitos especiales para la convalidación de títulos de Derecho y su vinculación con el acceso a la educación superior: “Los títulos de idoneidad son definidos como ‘el reconocimiento expreso de carácter académico, otorgado a una persona natural, a la culminación de un programa, por haber adquirido un saber determinado en una Institución de Educación Superior’ (…) En virtud de lo anterior, la jurisprudencia constitucional ha señalado que (i) la exigencia de un título no debe crear condiciones discriminatorias que privilegien a una profesión sobre otras con las mismas competencias para desempeñar una determinada actividad; y (ii) el proceso de convalidación del título debe estar definido por la ley, de forma que se determine cómo se acredita la capacidad de una persona con título extranjero para el ejercicio de su profesión en el país (…) En … Leer más

La Corte Constitucional analizó el alcance del régimen de conflicto de interés aplicable a los diputados frente al de los congresistas en el contexto de una pérdida de investidura: “La propia Sección Primera ha sostenido en oportunidades anteriores que las disposiciones de la Ley 2003 de 2019 no son aplicables a los procesos de pérdida de investidura de los miembros de las asambleas departamentales y de los concejos municipales (…) ‘[E]sta Sección en sentencias de 18 de marzo de 2021, de 27 de enero de 2022, de 9 de junio de 2022 y de 10 de octubre de 2022, ha señalado que las disposiciones de la Ley 2003 de 2019, en materia del régimen del conflicto de intereses de los congresistas, no resultan aplicables para los miembros de las corporaciones públicas del orden territorial, en tanto que las disposiciones contenidas … Leer más

La Corte Constitucional evaluó si las normas que permiten matrimonio y unión marital con menores de 18 años vulneran el bloque de constitucionalidad, estableciendo como estándar la edad mínima de 18 años: La Corte reiteró que el parámetro de control en este asunto está conformado estrictamente por la Carta Política y dos tratados internacionales de derechos humanos que hacen parte del Bloque de Constitucionalidad en sentido estricto, la Convención CEDAW y la Convención sobre los Derechos del Niño (…) Posteriormente, se pronunció acerca del artículo 16.2 de la CEDAW y concluyó que esta norma debe ser leída bajo el foco de lo dispuesto en la Convención sobre los Derechos del Niño – artículo 1° – en virtud del cual se considera niño a las personas menores de 18 años, lo que coincide con el artículo 1° de la Ley 27 … Leer más

La responsabilidad civil de las constructoras se refiere a la obligación que tienen estas empresas de responder por los daños que se causen durante la construcción o por las fallas estructurales de las mismas. Este tipo de responsabilidad está regulado principalmente por el Código Civil Colombiano y otras normas complementarias, como la Ley 400 de 1997 (régimen de propiedad horizontal). Fundamentos de la responsabilidad civil La responsabilidad civil de las constructoras puede clasificarse en dos grandes categorías: contractual y extracontractual. 1. Responsabilidad civil contractual: Surge cuando existe un contrato entre la constructora y un cliente (por ejemplo, el propietario de la obra o los compradores de viviendas). Si la constructora incumple sus obligaciones contractuales, como entregar una obra con defectos de construcción o no cumplir con los estándares pactados, puede ser responsable de indemnizar al afectado. Esto está regulado por … Leer más

La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, evaluó si una afirmación bajo juramento en un trámite administrativo constituye falso testimonio o fraude procesal: Lo primero que hay que destacar es que, no hay duda de que la acusada diligenció de manera personal aquella proforma. Asimismo, es claro que, bastaba la simple lectura del documento para comprender la importancia y consecuencias de los datos que allí se registraran. La norma establece que el que en actuación judicial o administrativa, bajo la gravedad del juramento ante autoridad competente, falte a la verdad o la calle total o parcialmente, incurrirá en prisión. Dicho comportamiento, demanda que el sujeto activo ostente la condición de declarante dentro de una actuación judicial o administrativa. En ese sentido, recuérdese que por testimonio ‘cabe entender, jurídicamente hablando, los hechos, circunstancias o cosas que se ponen en … Leer más

La Corte Suprema de Justicia, evaluó si limitar los efectos patrimoniales de la filiación extramatrimonial al plazo de dos años del artículo 10 de la Ley 75 de 1968 es discriminatorio: “Es cierto que el inciso final del artículo 10 de la Ley 75 de 1968 fue declarado exequible por la entonces Sala Constitucional de esta Corporación en el año 1991, pero corresponde precisar que esa determinación se adoptó antes de la progresión constitucional y jurisprudencial que se ha construido ahora alrededor del postulado de la igualdad real (…) A propósito de esa garantía fundamental, el artículo 1° de la Ley 29 de 1982 determinó que los ‘hijos son legítimos, extramatrimoniales y adoptivos y tendrán iguales derechos y obligaciones’, mandato que, de un lado, frembl la nomenclatura de descendientes naturales por la de extramatrimoniales, y de otro, impuso un tratamiento … Leer más

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, Sala Civil de Decisión, evaluó si un falso positivo en pruebas de VIH genera responsabilidad médica sin culpa probada: Dicha imputación de responsabilidad, se afinca básicamente en que la tasa de efectividad de las pruebas rápidas de VIH es del 99.5%, lo cual descarta la incertidumbre en sus resultados, por consiguiente, cualquier error en la detección del virus de suyo hace responsable al laboratorio implicado. Sobre el particular, preliminarmente huelga relievar la contradicción ontológica que comporta este planteamiento de inconformidad que se hace manifiesto cuando el recurrente asevera que el resultado de la prueba rápida de VIH es infalible y, por tanto, carente de aleatoriedad, pero al mismo tiempo reconoce desprevenidamente, sin pudor ni reserva alguna, que su porcentaje de efectividad en la detección del virus tiene «un estrecho margen de error». … Leer más