Procedimiento sancionatorio disciplinario partidos políticos

Los procedimientos sancionatorios disciplinarios aplicables al interior de los partidos políticos deben respetar las siguientes garantías fundamentales: (i) Tipicidad de las conductas sancionables y de las sanciones. (ii) Proporcionalidad de la sanción prevista frente a la conducta realizada. (iii) Presunción de inocencia. (iv) Ejercicio del derecho de defensa y de contradicción. (v) Facultad de impugnar la decisión sancionatoria. 🔒 Acceso restringido Para leer el artículo completo y descargar la providencia, necesitas estar suscrito. ¿Aún no tienes membresía? Suscríbete ahora y accede a todo el contenido, incluyendo modelos, libros, esquemas, resúmenes jurídicos y jurisprudencia. Suscríbete Naturaleza jurídica de la función sancionatoria de los partidos y movimientos políticos por inobservancia del régimen de bancada Los partidos pueden sancionar disciplinariamente a los servidores públicos que actúan como miembros de sus bancadas en las corporaciones públicas, en virtud de una competencia expresamente atribuida por el artículo 108 de la Constitución. Se trata de la asignación de una función de naturaleza sancionatoria de indudable carácter público, en cuanto tiene consecuencias en el ejercicio de cargos de elección popular y, por tanto, en el ejercicio de las funciones asignadas a tales servidores públicos, así como en el funcionamiento de las corporaciones públicas a las que pertenecen los sancionados. En este sentido, las sanciones que impongan los partidos por inobservancia del régimen de bancada, con fundamento en el artículo 108 de la Constitución, son actos de naturaleza administrativa. La atribución a particulares de este tipo de funciones públicas, incluso por el legislador, ha sido avalada por la Corte Constitucional, como en el caso de los colegios profesionales, al estudiar la función de los Tribunales de Ética Médica, en la sentencia C-820 de 2008: El Tribunal Nacional de Ética Médica está integrado con particulares encargados de ejercer la función pública de ‘disciplinar’ a quienes ejercen la medicina, cuando incurran en las faltas previstas en la Ley 23 de 1981. Es decir, tanto al Tribunal Nacional como a los Tribunales Seccionales el legislador les ha asignado la función pública de adelantar procesos ético-profesionales, precisando que por este hecho sus integrantes no pueden ser considerados funcionarios públicos, sino que deben ser tratados como particulares encargados de la función de adelantar procesos administrativos de carácter sancionatorio originados en el ejercicio de la medicina.” Por último, es importante reiterar que, en la aplicación de su régimen disciplinario interno especial de bancadas, los partidos políticos deben garantizar plenamente el derecho fundamental al debido proceso consagrado en el artículo 29 constitucional. Como lo ha reiterado la Corte, la fuerza normativa de la garantía y el derecho fundamental al debido proceso no se restringe al ámbito público, sino que invade todo el ordenamiento jurídico, incluso las relaciones entre particulares, en especial en aquellos escenarios en los que estos tienen la facultad de imponer sanciones. Así lo señaló en la T-470 de 1999: El debido proceso en las actuaciones de particulares La garantía del debido proceso ha sido establecida en favor de la persona, de toda persona, cuya dignidad exige que, si se deducen en su contra consecuencias negativas derivadas del ordenamiento jurídico, tiene derecho a que su juicio se adelante según reglas predeterminadas, por el tribunal o autoridad competente y con todas las posibilidades de defensa y de contradicción, habiendo sido oído el acusado y examinadas y evaluadas las pruebas que obran en su contra y también las que constan en su favor. No podría entenderse cómo semejante garantía, reconocida al ser humano frente a quien juzga o evalúa su conducta, pudiera ser exigible únicamente al Estado. También los particulares, cuando se hallen en posibilidad de aplicar sanciones o castigos, están obligados por la Constitución a observar las reglas del debido proceso, y es un derecho fundamental de la persona procesada la de que, en su integridad, los fundamentos y postulados que a esa garantía corresponden le sean aplicados. (…).“” De esta manera, las garantías del debido proceso también son exigibles en los procedimientos disciplinarios que los partidos políticos adelantan internamente contra sus miembros por posibles violaciones al régimen disciplinario interno, en particular cuando el resultado del proceso implica la restricción de derechos de los servidores públicos. Para descargar la providencia dar clic aquí T553-23

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