perjuicios con ocasión del acceso carnal violento

El Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Risaralda confirmo la condena contra el municipio de Pereira, que lo declara responsable administrativa y patrimonialmente de los perjuicios producidos a los demandantes, con ocasión del acceso carnal violento del cual fue objeto un estudiante en las instalaciones de la Institución Educativa propiedad del municipio de Pereira. El tribunal recordó que la jurisprudencia del Consejo de Estado tiene dos postulados que fundamentan la responsabilidad estatal en los términos del artículo 90 superior: "i) El daño antijurídico, ii) la imputación de este a la administración, «sin que sea posible predicar la existencia y necesidad y/o valoración y análisis de otro tipo de componentes a efectos de configurar la responsabilidad». Igualmente, la Corte Constitucional ha dicho que «la fuente de la responsabilidad patrimonial del Estado es un daño que debe ser antijurídico, no porque la conducta del autor sea contraria al derecho, sino porque el sujeto que lo sufre no tiene el deber jurídico de soportar el perjuicio, razón por la cual se reputa indemnizable». Para la sala, los accionantes deben ser indemnizados ante la obligación que adquiere el Estado frente al estudiante, que consiste en la protección, cuidado especial, seguridad y vigilancia de estos y que no se garantizó en el presente caso. El tribunal recordó que para que la presunta falla en el servicio se pueda derivar del incumplimiento de las obligaciones estatales, el mal funcionamiento de la Administración o la inactividad de esta, debe para su declaratoria aparecer acreditados en el proceso los siguientes elementos: -La existencia de un daño, lesión o menoscabo de tipo patrimonial o moral, cierto y determinado. -La conducta activa u omisiva de la autoridad que lo infiere; y -La relación de causalidad entre esta y aquél, es decir, que el daño se originó como consecuencia directa de la actuación atribuida a la administración, por omisión, retardo, irregularidad, ineficiencia o ausencia del servicio. La sala además precisó el alcance del deber de protección de las autoridades escolares, teniendo en cuenta la especial relación de sujeción que recae en los alumnos, así: «2. La responsabilidad de los centros educativos frente a sus alumnos. El artículo 2347 del Código Civil, establece que “toda persona es responsable, no sólo de sus propias acciones para el efecto de indemnizar el daño, sino del hecho de aquellos que estuvieren a su cuidado”. Así los directores de colegios y escuelas responden del hecho de los discípulos mientras están bajo su cuidado, y los artesanos y empresarios, del hecho de sus aprendices o dependientes, en el mismo caso.” La custodia ejercida por el establecimiento educativo debe mantenerse no sólo durante el tiempo que el alumno pasa en sus instalaciones, sino también durante el que dedica a la realización de otras actividades educativas o de recreación promovidas por éste, incluyendo paseos, excursiones, viajes y demás eventos tendientes al desarrollo de programas escolares. El deber de cuidado surge de la relación de subordinación existente entre el docente y el alumno, pues el primero, debido a la posición dominante que ostenta en razón de su autoridad, tiene no sólo el compromiso sino la responsabilidad de impedir que el segundo actúe de una forma imprudente. Así las cosas, el tribunal confirmo la condena al municipio por más de trescientos millones de pesos en perjuicios por daño moral y a la salud. Descargar sentencia aquí 2015-00471-01 condena colegio por abuso sexual de un estudiante