Perspectiva de género en caso violencias contra las mujeres

El tribunal superior de Buga en sentencia de fecha del 18 de mayo del 2023 hizo un recuento sobre la Perspectiva de género en el caso de violencias contra las mujeres por su condición de tal-estado de gravidez. Lo anterior dentro de un proceso de tutela donde una ciudadana que era auxiliar de policía y por encontrarse en embarazo, se ordenó la suspensión de su salario, afectando su mínimo vital y el de su hijo, a pesar de que desempeñaba sus funciones con responsabilidad y buena conducta. 🔒 Acceso restringido Para leer el artículo completo y descargar la providencia, necesitas estar suscrito. ¿Aún no tienes membresía? Suscríbete ahora y accede a todo el contenido, incluyendo modelos, libros, esquemas, resúmenes jurídicos y jurisprudencia. Suscríbete La policía se opuso a las pretensiones y señalo que el desacuartelamiento se hizo para proteger la vida de quien está por nacer, indico que el servicio militar de la accionante es por doce (12) meses. Al restablecer las actividades de la accionante, no solo se estaría poniendo en riesgo el nasciturus, sino posiblemente se le estaría imponiendo una obligación de continuar el servicio militar por más tiempo. De igual forma, la policía recuerdo que la actividad de servicio militar no comporta el pago de un salario, por lo cual, al mantener a la accionante en la prestación del servicio militar o reintegrarla al mismo, vulneraría al no nacido su derecho al mínimo vital, pues el personal que presta el servicio militar únicamente recibe el 30 % del salario mínimo, en atención a lo dispuesto en el literal a) del art. 44 de la Ley 1861 de 2017, no pudiendo considerar la bonificación como un salario, mucho menos ser catalogada por analogía como mínimo vital. El tribunal recordó que los jueces, en sus providencias, tiene el deber de analizar con perspectiva de género los casos sometidos a su conocimiento, cuando de ellos hacen parte mujeres afectadas o víctimas de violencia y/o tratos discriminatorios. En sentencia SU 080 de 2020, afirmó la H. Corte Constitucional que la violencia de género sobre la mujer es aquella que se presenta: “No por el hecho de ser mujeres desde una concepción biológica, sino de los roles y la posición que se asigna a las mujeres desde una concepción social y cultural. Este tipo de violencia se sustenta en las concepciones culturales que han determinado y aceptado la asignación de papeles delimitados en el desarrollo de la vida de hombres y mujeres, lo que ha llevado a la creación y permanencia de los denominados estereotipos de género que pueden tener tanto enfoques hacia lo femenino, como hacia lo masculino” También dijo en esa oportunidad que: “La Sala entiende, con todo, que analizar con perspectiva de género los casos concretos donde son parte mujeres afectadas o víctimas: No implica una actuación parcializada del juez en su favor; reclama, al contrario, su independencia e imparcialidad. Ello comporta la necesidad de que su juicio no perpetúe estereotipos de género discriminatorios. En tal sentido, la actuación del juez al analizar una problemática como la de la violencia contra la mujer, exige un abordaje multinivel, pues, el conjunto de documentos internacionales que han visibilizado la temática en cuestión -constituyan o no bloque de constitucionalidad- son referentes necesarios al construir una interpretación pro fémina, esto es, una consideración del caso concreto que involucre el espectro sociológico o de contexto que describe el calamitoso estado de cosas, en punto de la discriminación ejercida sobre la mujer. Se trata por tanto de, utilizar las fuentes del derecho internacional de los derechos humanos junto con el derecho interno, para buscar la interpretación más favorable a la mujer víctima” Cuando, como en el caso, la mujer que acciona refiere que por su condición de gestante ha sufrido el desacuartelamiento del servicio militar, sin duda el operador jurídico, tiene la obligación de atender al especial enfoque de género, tratándose de una doble condición en cabeza de ese ser humano que acude a la justicia en búsqueda del amparo de sus derechos fundamentales. En sentencia SU-075 de 2018, en lo que refiere al fundamento de la protección especial de que gozan las mujeres embarazadas o lactantes, sostuvo lo siguiente: El derecho de las mujeres a recibir una especial protección durante la maternidad, el cual se encuentra previsto en el artículo 43 de la Constitución. Dicha norma señala expresamente que las mujeres tienen derecho a gozar de especial asistencia y protección del Estado durante el embarazo y que deben recibir un subsidio alimentario, en caso de desempleo o desamparo. Así, la jurisprudencia constitucional ha destacado que este enunciado implica a su vez dos obligaciones a cargo del Estado: la especial protección de la mujer embarazada y lactante −sin distinción−, y un deber prestacional que consiste en otorgar un subsidio cuando esté desempleada o desamparada. En este sentido, se trata de una protección general para todas las mujeres gestantes. La protección de la mujer embarazada o lactante de la discriminación en el ámbito laboral, la cual ha sido destacada por esta Corporación en reiteradas oportunidades. El fin de la salvaguarda en este caso es impedir la discriminación que, a raíz del embarazo, pueda sufrir la mujer, específicamente la terminación o la no renovación del contrato por causa o con ocasión de esa condición o de la lactancia. De este modo, el fuero de maternidad encuentra también su sustento en la cláusula general de igualdad de la Constitución que proscribe la discriminación por razones de sexo, así como en el ya mencionado artículo 43 Superior, que dispone la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres. La protección del derecho fundamental al mínimo vital y a la vida se erige también en un sustento normativo de la estabilidad laboral reforzada de la mujer en estado de embarazo, como lo ha reiterado este Tribunal. Este derecho, como bien jurídico de máxima relevancia constitucional, implica no solo la protección de la mujer durante la etapa gestacional, sino también se extiende a la protección al ejercicio pleno de la maternidad. El tribunal confirmó la tutela de primera instancia que ordeno el reintegro, y a su vez ordeno a la Dirección General de La Policía Nacional que la atención en salud que reciben la accionante y su hijo, así como el pago de la bonificación mensual que se percibe, se extiendan hasta que se cumplan los dieciocho (18) meses de la incorporación. Descarga la providencia aquí T-24-23

Perspectiva de género en el caso de violencias contra las mujeres por su condición de tal-estado de gravidez

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