perspectiva de género en las decisiones judiciales.

La corte suprema de justicia en sentencia STC8525-2023 se pronunció sobre la perspectiva de género en las decisiones judiciales. Al respecto mencionó La Sala no puede pasar por alto que varios de los argumentos en los cuales el accionante fincó el petitum de este amparo se ciñeron al presunto desequilibrio económico que acarrearía la prosperidad de las objeciones formuladas a los inventarios y avalúos por su excompañera permanente, en tanto que, en su decir, « asumió de su propio peculio todas esas cargas de las cuales ahora la sociedad se aprovecha y se enriquece a costa y en detrimento del patrimonio propio de este». Seguidamente, arguyó que, «claramente y según lo analizado, la parte demandante, quien no realizó ningún aporte a la sociedad, pues no hay prueba de ello, va a ver acrecentado su patrimonio a costa de los aportes de mi poderdante al pasivo social y ello tampoco fue valorado por los jueces de instancia como empobrecimiento correlativo del compañero aportante al enriquecimiento de la sociedad, lo que también constituye una falla en el análisis probatorio». Respecto de las precitadas manifestaciones, la Sala considera necesario enfatizar, en primer lugar, qué contrario al dicho del actor, no se constató el alegado «empobrecimiento correlativo» del que se duele en esta senda, pues, de las valoraciones efectuadas por las autoridades de instancia, deviene diáfano que se apreció, con ponderación, la participación de cada uno de los compañeros permanentes en la construcción del patrimonio común. En ese orden, no son de recibo esas aseveraciones, toda vez que, en el momento procesal oportuno, se debatió lo concerniente a esa temática –con observancia en las garantías de defensa y contradicción que les asisten a las partes–; pero, además, porque en ellas queda develada la improcedente consideración de que las únicas contribuciones importantes o las más valiosas son las que aquel hizo en dinero a la sociedad, desechando cualquier apreciación frente a otras aportaciones que también son determinantes en la construcción de una comunidad de bienes, como son, v. gr., las labores de cuidado, de mantenimiento de las condiciones del hogar, y, por consiguiente, desconociendo el derecho de su excompañera a una distribución justa. Por ello, la Corte desarrollará algunos puntos sobre este aspecto, dada la evidente necesidad de alertar sobre la discriminación en las relaciones de pareja y en la distribución de sus roles y su reconocimiento; así como por su utilidad práctica para la definición de asuntos similares –incluso, de las restantes actuaciones del proceso de liquidación de la referencia– con perspectiva de género. Por vía general, puede afirmarse que, en la actualidad, todas las personas tienen la posibilidad de desempeñar el papel que deseen en la sociedad, según sus intereses, talentos, capacidades, etc. No obstante, a lo largo de la historia ciertos roles fueron distribuidos en función del sexo de cada individuo, realidad que –entre otros escenarios– se vio reflejada de forma evidente al interior de las parejas estables tradicionales: al hombre le correspondería proveer los recursos para la manutención del hogar, mientras que la mujer habría de encargarse de los innumerables quehaceres que impone la cotidianidad. En este listado caben tareas como cocinar, limpiar, cuidar de los niños, de personas enfermas y ancianos, hacer las compras, y en general, adelantar las gestiones indispensables para coordinar los procesos y decisiones del hogar, garantizando el normal desenvolvimiento de las vidas de todos a aquellos que se sirven de ese trabajo invisible, el cual demanda un compromiso diario y a tiempo completo de quienes lo realizan, y que justamente por no ser remunerado y hacerse “de puertas para adentro”, no suele apreciarse en su justa dimensión. Ese tipo de contribuciones son, sin duda, significativas y apreciables económica, cultural y socialmente, dadas sus implicaciones para el bienestar familiar y colectivo; no obstante, aun hoy no reciben el reconocimiento que merecen. De ahí que las Naciones Unidas haya incluido como uno de los Objetivos del Desarrollo Sostenible. el «reconocer y valorar los cuidados no remunerados y el trabajo doméstico no remunerado mediante la prestación de servicios públicos, la provisión de infraestructuras y la formulación de políticas de protección social, así como mediante la promoción de la responsabilidad compartida en el hogar y la familia». La Corte Suprema también enalteció el trabajo invisible al interior del hogar común, en los siguientes términos: «Esta Corte acentúa la relevancia singular de la relación personal o sentimental como factor de formación, cohesión y consolidación del núcleo familiar, así como la particular connotación de las labores del hogar, domésticas y afectivas, en las cuales, confluyen usualmente relaciones de cooperación o colaboración conjunta de la pareja para la obtención de un patrimonio común. Para ser más exactos, a juicio de la Corte, el trabajo doméstico y afectivo de uno de los compañeros libres, su dedicación a las labores del hogar, cooperación y ayuda a las actividades del otro, constituyen per se un valioso e importante aporte susceptible de valoración, la demostración inequívoca del animus societatis y de la comunidad singular de bienes, salvo prueba en contrario». Con fundamento en las anteriores consideraciones, la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural precisa que, ante la entidad de las afirmaciones efectuadas en el libelo inicial –e incluso en la causa auscultada–, es necesario hacer un llamado de atención al accionante, para que, en lo sucesivo, en el curso del liquidatorio reseñado, se abstenga de emitir expresiones discriminatorias contra cualquier interviniente en ese asunto, en especial, frente a la demandante, con las que se desconozcan sus derechos fundamentales a la dignidad, honra, buen nombre, et. al.; el valor de sus aportes –en dinero o en especie– a la sociedad; la importancia del rol desempeñado durante la vida común; y, en general, cualquier manifestación que pretenda reducir su valía como mujer y excompañera permanente; en atención al deber de las autoridades de garantizar que, en el desarrollo del proceso, se respeten las prerrogativas que les asisten a quienes allí están involucrados. En procura de materializar la directriz que antecede, se conmina a los falladores de instancia a adoptar las medidas de ordenación y corrección que estimen pertinentes, ante su eventual desatención, en uso de sus facultades (arts. 43 y 44, Código General del Proceso); y en caso de infracción de los deberes disciplinarios, remitir copias de la actuación a las entidades competentes. RESUMEN DE LA SENTENCIA Acción de tutela: Un ciudadano solicita la protección de sus derechos fundamentales de acceso a la justicia y debido proceso, que considera vulnerados por las autoridades judiciales que resolvieron las objeciones a los inventarios y avalúos en la liquidación de la sociedad patrimonial con su excompañera permanente. Hechos relevantes: El demandante alega que realizó varios pagos con su propio dinero para cubrir las deudas de la sociedad patrimonial, relacionadas con los bienes inmuebles y muebles que conforman el activo social, y que dichos pagos deben ser compensados a su favor. La demandada objeta esas partidas del pasivo, argumentando que ya se encuentran incluidas en el avalúo de los bienes o que corresponden a pasivos de la sociedad. Decisiones judiciales: Tanto el Juzgado Sexto de Familia de Ibagué como la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué resuelven excluir las partidas del pasivo pretendidas por el demandante, por considerar que no demostró que los pagos se realizaron con recursos propios o que se efectuaron en vigencia de la sociedad patrimonial. Además, señalan que el demandante ha ostentado la posesión de los bienes sociales desde la disolución de la sociedad. Consideraciones de la Corte: La Corte Suprema de Justicia niega la acción de tutela, al no encontrar vía de hecho ni vulneración de derechos fundamentales por parte de las autoridades accionadas. Por el contrario, observa una diferencia de criterio del demandante frente a las decisiones judiciales. Asimismo, hace una precisión sobre la perspectiva de género en las decisiones judiciales, enfatizando el reconocimiento económico de los aportes materiales e inmateriales efectuados por cada uno de los miembros de la pareja. Violencia patrimonial: Es una forma de violencia donde el hombre usa su poder económico para controlar a su pareja. El hombre maneja el dinero y los bienes, e impide que la mujer tenga independencia económica. Perspectiva de género: Es un enfoque que busca reconocer y valorar los aportes materiales e inmateriales de cada miembro de la pareja, así como garantizar sus derechos y participación en condiciones de igualdad. Llamado de atención al accionante: La Corte le pide al demandante que se abstenga de emitir expresiones discriminatorias contra la demandada, que desconozcan su dignidad, sus aportes y su valía como mujer y excompañera permanente. Conclusiones de la Corte: La Corte niega el amparo solicitado, al no encontrar vía de hecho ni vulneración de derechos fundamentales por parte de las autoridades accionadas. La Corte también hace un llamado a las autoridades judiciales y a los intervinientes para que respeten las prerrogativas de las partes. Descarga la providencia aquí STC8525-2023