⚖️ La Corte precisa las reglas del juego: prescripción y prueba en el cobro del SOAT

por
💼 Derecho Comercial
Corte Suprema de Justicia · Sala Civil · Sentencia SC3075-2024 · M.P. Álvaro Fernando García Restrepo

No basta con reclamar, hay que demandar a tiempo

📌 Resumen Exprés

  • 💼 Tema clave: Prescripción en el SOAT · Naturaleza ejecutiva del cobro · Objeciones injustificadas de aseguradora
  • 🧾 Pretensiones: Cobro ejecutivo de facturas por atención médica cubierta por el SOAT
  • 🏁 Decisión: Se confirma la prescripción por acción judicial extemporánea · Se aclara el cómputo del término

La Corte Suprema de Justicia resolvió un proceso ejecutivo iniciado por una IPS contra una aseguradora por facturas impagas derivadas de atención médica cubierta por el SOAT. La aseguradora alegó la prescripción de la acción, y tanto el juez de primera como de segunda instancia desestimaron la excepción.La Corte, sin embargo, encontró fundado el argumento de prescripción y precisó que las acciones judiciales contra la aseguradora deben ejercerse dentro de los dos años siguientes a la fecha del egreso hospitalario o prestación final del servicio, conforme al artículo 1081 del Código de Comercio. El error de los jueces inferiores consistió en calcular el término desde la reclamación administrativa, cuando la ley establece claramente otro punto de partida.

📌 Doctrina sobre prescripción en el SOAT

La Corte reiteró que el plazo de prescripción para ejercer acciones judiciales por incumplimiento del pago en pólizas SOAT es de dos años, conforme al artículo 1081 del Código de Comercio. Este término comienza a contarse desde la prestación efectiva del servicio médico, no desde la fecha de reclamación a la aseguradora. Se advierte que la sola radicación administrativa de facturas no interrumpe ni suspende el término de prescripción si no hay demanda o requerimiento judicial.

Finalmente, el fallo recordó que, conforme al Decreto 780 de 2016, las aseguradoras pueden objetar reclamaciones, pero solo con fundamento en glosas válidas y sin imponer cargas adicionales a las IPS. La Corte anuló parcialmente la sentencia del Tribunal y ordenó rehacer el análisis probatorio conforme a la normativa vigente y a los estándares constitucionales de debido proceso y acceso a la salud.


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