Protección derecho fundamental salud en personas mayores

La Honorable Corte Constitucional en sentencia T099-2023 recordó sobre la protección del derecho fundamental a la salud en personas mayores, el servicio de cuidador y las reglas sobre tratamiento integral. Al respecto dijo: Derecho a la salud de personas mayores. El artículo 49 de la Constitución dispuso que la salud es un servicio público a cargo del Estado. Asimismo, tanto la ley como la jurisprudencia constitucional han establecido que la salud es un derecho fundamental, autónomo e irrenunciable. Lo anterior implica el acceso a los servicios de salud de manera oportuna, eficaz y con calidad. En cuanto a las personas mayores, el artículo 11 de la Ley 1751 de 2015 establece un deber de protección especial con este grupo poblacional. En la misma línea, la Corte Constitucional advirtió el carácter prevalente de la protección de derechos de los adultos mayores. En materia de salud, la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores estableció que los Estados Parte tienen el deber de ejecutar políticas públicas encaminadas a la atención integral, lo cual incluye promoción de la salud, prevención y cuidado de enfermedades de la persona mayor, con el fin de brindarle el grado de bienestar más alto posible. De acuerdo con ello, la Sentencia C-395 de 2021 hizo énfasis en la obligación del Estado de efectuar una protección reforzada para la población mayor, en atención a su situación de vulnerabilidad y para garantizar su derecho a la salud. Servicio de cuidador. El servicio de cuidador se encuentra dirigido a brindar apoyo físico y emocional para que una persona, con determinado grado de dependencia, pueda realizar sus actividades cotidianas y contribuir a mejorar su calidad de vida. Este servicio, a diferencia del servicio de enfermería, no requiere ser prestado por un profesional de la salud, sino que, prima facie, debe ser asumido por la familia del paciente con ocasión al principio de solidaridad. No obstante, la obligación de prestar el servicio de cuidador recae en la EPS cuando: Existe certeza de la necesidad del servicio; Se acredita la imposibilidad material de la familia del paciente en asumir su cuidado. Esta imposibilidad material se refiere a: la incapacidad física de brindar atención, ya sea por edad o enfermedad, o debido a la necesidad de proporcionar recursos económicos para la subsistencia; Imposibilidad de capacitar a los encargados del cuidado; Carencia económica para contratar la prestación del servicio. Reglas sobre tratamiento integral. La Corte Constitucional ha señalado que el tratamiento integral implica una atención en salud de forma “ininterrumpida, completa, diligente, oportuna y con calidad”. En el mismo sentido, la prestación del servicio debe cumplir con todas las órdenes de los médicos tratantes en las condiciones estipuladas. De esta manera, para que la autoridad judicial ordene el tratamiento integral debe comprobar que: La EPS fue negligente respecto a sus obligaciones con el paciente; La existencia de órdenes médicas con especificaciones tales como, diagnósticos, insumos o servicios requeridos; La calidad de sujeto de especial protección constitucional del accionante o su estado extremadamente grave de salud. Cabe destacar que el juez de tutela no puede emitir pronunciamiento sobre hechos futuros e inciertos, por lo que las prescripciones médicas deben ser claras. Descarga la providencia aquí T-099-23