El Tribunal confirmó la sentencia de primera instancia que había declarado la nulidad de la decisión administrativa. La Sala de segunda instancia revisó la normativa aplicable (Ley 1979 de 2019 y su decreto reglamentario) que exige, para el incremento pensional, que la invalidez sea de al menos 50% y tenga origen en el servicio como consecuencia de actos meritorios, combate, accidente relacionado con el mismo, o acción directa del enemigo en tareas de orden público o conflicto internacional.