pensión de sobrevivientes no existe tarifa legal demostrar

El Consejo de Estado estableció que, para efectos de demostrar la dependencia económica para lograr el reconocimiento de una pensión de sobrevivientes, no existe tarifa legal y en ese sentido, resultan válidos las declaraciones extrajuicio, el interrogatorio de parte y cualquier otro medio que sea útil para la formación del convencimiento del juez. Lo anterior en el curso de una acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Boyacá, donde la accionante consideraba el tribunal, incurrió en defecto fáctico y en exceso ritual manifiesto, al proferir la sentencia de segunda instancia en la que restó valor probatorio a la declaración extrajuicio aportada con la demanda y el interrogatorio de parte practicado, a través de los cuales se buscaba demostrar que la tutelante dependía económicamente de su hija para efectos del reconocimiento de la pensión de sobrevivientes. Para la Sala Administrativa resulta claro que el Tribunal Administrativo de Boyacá, no expuso de manera justificada las razones por las cuales decidió restarle el alcance probatorio a la declaración extrajuicio presentada por la accionante y al interrogatorio de parte decretado de oficio por el Juzgado Trece Administrativo del Circuito Judicial de Tunja, incurriendo en un defecto fáctico. En este sentido, no puede perderse de vista que el interrogatorio de parte decretado por el juez se realizó en la audiencia de pruebas, razón por la cual, la entidad demanda tuvo la oportunidad para controvertir dicha prueba garantizándose su derecho de contradicción. Advierte la Sala que el Tribunal Administrativo de Boyacá, a pesar de que no contaba con el total convencimiento de la dependencia económica de la accionante respecto de su causante, se abstuvo de ejercer la facultad oficiosa de decretar pruebas adicionales (las que reconoce que habrían sido útiles) a fin de esclarecer si la demandante dependía o no de su hija. Esto cobra mayor relevancia si se tiene en cuenta que dicha demostración consistía en un requisito sine qua non para el reconocimiento de la pensión de sobreviviente, y, por tanto, se trataba de un elemento fundamental y determinante para adoptar una decisión de fondo sobre el asunto. De esa manera, debió el ad quem, antes de dictar sentencia de segunda instancia, para alcanzar su convencimiento pleno, decretar las pruebas que considerara necesarias, pues de conformidad con la jurisprudencia constitucional traída a colación en acápites precedentes, el decreto de las pruebas de oficio se considera un verdadero deber legal, cuando, por ejemplo, a partir de los hechos narrados por las partes y de los medios de prueba que estas pretendan hacer valer, surja en el funcionario la necesidad de clarificar espacios oscuros de la controversia; y porque además, así lo dispone claramente el artículo 213 del CPACA. RESUMEN DE LA SENTENCIA Acción de tutela contra providencia judicial: Se interpone una acción de tutela para impugnar la sentencia del Tribunal Administrativo de Boyacá que le negó la pensión de sobrevivientes por la muerte de su hija, subteniente de la Policía Nacional. Defecto fáctico y defecto procedimental: La accionante alega que el Tribunal incurrió en un defecto fáctico al desestimar la prueba de la dependencia económica que aportó con la demanda y en un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto al no decretar pruebas de oficio para esclarecer los hechos. Rechazo de la tutela en primera instancia: La Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado rechazó la tutela por improcedente, al considerar que la accionante buscaba reabrir un debate jurídico frente a la sentencia impugnada y que anexó pruebas que no presentó en el proceso ordinario. Tutela contra providencia judicial: La accionante solicita la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y mínimo vital, que considera vulnerados por el Tribunal Administrativo de Boyacá al revocar el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes de su hija fallecida. Requisitos generales de procedencia: La Sala de Subsección encuentra cumplidos los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela, tales como la identificación de los hechos, los derechos vulnerados, la inexistencia de otros recursos y la relevancia constitucional del asunto. Defecto fáctico y exceso ritual manifiesto: La Sala de Subsección considera que el Tribunal Administrativo de Boyacá incurrió en un defecto fáctico al no valorar adecuadamente las pruebas aportadas por la demandante sobre la dependencia económica de su hija, y en un exceso ritual manifiesto al no decretar de oficio las pruebas necesarias para esclarecer dicho aspecto. Revocatoria de la sentencia y amparo de los derechos: La Sala de Subsección revoca la sentencia de primera instancia que rechazó la tutela, y en su lugar, ampara los derechos de la accionante, deja sin efectos la sentencia del Tribunal Administrativo de Boyacá y ordena que se pronuncie nuevamente sobre el caso, teniendo en cuenta los lineamientos de la presente providencia. Consultar la sentencia aquí