Régimen de conflicto de interés para diputados GMH ABOGADOS

La Corte Constitucional analizó el alcance del régimen de conflicto de interés aplicable a los diputados frente al de los congresistas en el contexto de una pérdida de investidura: “La propia Sección Primera ha sostenido en oportunidades anteriores que las disposiciones de la Ley 2003 de 2019 no son aplicables a los procesos de pérdida de investidura de los miembros de las asambleas departamentales y de los concejos municipales (…) ‘sta Sección en sentencias de 18 de marzo de 2021, de 27 de enero de 2022, de 9 de junio de 2022 y de 10 de octubre de 2022, ha señalado que las disposiciones de la Ley 2003 de 2019, en materia del régimen del conflicto de intereses de los congresistas, no resultan aplicables para los miembros de las corporaciones públicas del orden territorial, en tanto que las disposiciones contenidas en el Reglamento Interno del Congreso, objeto de modificación por dicha ley, están referidas únicamente a los congresistas sin hacerla extensiva a todos los servidores públicos de elección popular como los miembros de las asambleas departamentales y de los concejos municipales, como sí ocurre con la Ley 1881 de 2018 que señaló expresamente que las disposiciones contenidas en ella resultan aplicables a los procesos de pérdida de investidura de diputados y concejales’.” “En consecuencia, la Sala Plena considera que la Sección Primera no incurrió en un defecto sustantivo al no aplicar el régimen y las excepciones al conflicto de interés previstas para los congresistas, por cuatro razones (…) Primera, porque la propia Constitución prevé que el régimen de inhabilidades de los diputados, cuya violación da lugar al proceso de pérdida de investidura en revisión, es fijado por la ley y no puede ser menos estricto que el aplicable a los congresistas en lo que corresponde, por lo que no se trata de regimenes equiparables y que permitan aplicarse en su totalidad en forma indiscriminada, ni mixta (…) Segundo, porque en este caso no existe un vacío normativo que permita aplicar el régimen de los congresistas (…) Tercera, porque la aplicación de la Ley 1881 de 2018, en lo que tiene que ver con el elemento subjetivo de la pérdida de investidura al proceso que se sigue a los diputados, es consecuencia de la remisión prevista en dicha normativa (…) Cuarta, porque la inaplicación del régimen de inhabilidades de los congresistas para servidores públicos de corporaciones territoriales ha sido consistente en la jurisprudencia de la Sección Primera del Consejo de Estado.” “Finalmente, en lo que corresponde a la alusión al reglamento de la Asamblea Departamental del Magdalena y, en concreto, a su artículo 262 que incorpora una definición de conflicto de interés, y a su artículo 280 que remite al reglamento del Congreso para su aplicación ante vacíos, la Sala considera que no existe una laguna normativa en la materia, pues justamente el numeral 1° del artículo 48 de la Ley 617 de 2000 regula el conflicto de interés para el caso, por lo que no había lugar a aplicar las disposiciones de la Ley 5ª y sus modificaciones por vía del reglamento de la aludida asamblea (…) La definición concreta y específica de los elementos del conflicto de interés (beneficio particular, actual y directo), contenida en el artículo 1° de la Ley 2003 de 2019, no puede interpretarse como ausencia de regulación en la materia para los diputados, pues las reglas sobre conflicto de interés para el caso concreto se encuentran en el artículo 1° del artículo 48 de la Ley 617 de 2000…” “La definición concreta y específica de los elementos del conflicto de interés (beneficio particular, actual y directo), contenida en el artículo 1° de la Ley 2003 de 2019, no puede interpretarse como ausencia de regulación en la materia para los diputados, pues las reglas sobre conflicto de interés para el caso concreto se encuentran en el artículo 1° del artículo 48 de la Ley 617 de 2000…”