El tribunal de sucre, en sentencia del 10 de mayo del 2023, recordó que los requisitos para acreditar la responsabilidad del estado por omisión en el deber de seguridad y protección son los siguientes:

1. La existencia de una amenaza cierta y real en contra de la víctima.
2. El elemento cognitivo de dicha amenaza por parte de la autoridad demandada, ya sea por solicitud expresa de protección o por conocimiento de la situación de peligro.
3. La configuración de una omisión en el cumplimiento de las funciones que el ordenamiento jurídico le impone a la demandada, verificada mediante el cotejo de tales obligaciones normativas frente al grado de cumplimiento u observancia del mismo por parte de dicha entidad, más la relación fáctica y causal entre la omisión y el daño alegado.