Responsabilidad Civil de los medios de comunicación

Responsabilidad Civil de los medios de comunicación por difundir noticias falsas o inexactas. Por: Dairo Mateus Estrada CEO GMH Abogados En el mes de octubre fueron emitidas dos sentencias donde condenaban a la periodista Vicky Dávila y a RCN s.a.s, al pago de perjuicios morales por la difusión de noticias falsas o inexactas, esto causo un gran revuelo nacional, sectores a favor de la periodista y la radiodifusora alegaban que era un atentado contra el derecho a la información y la libre expresión, e incluso, algunos fueron más allá y manifestaron que se trataba de una persecución contra la citada periodista por su “valentía” al destapar la noticia de la llamada "comunidad del anillo". Cuando se habla de responsabilidad civil de los medios de comunicación, siempre ha existido la tensión entre varios derechos fundamentales, por un lado, tenemos el derecho a la información, la libertad de opinión y la libre expresión, y, por otro lado, tenemos el derecho al buen nombre, la honra, la intimidad de las personas y la presunción de inocencia. Si bien es cierto, de antaño la Corte Constitucional ha sostenido que "En principio se presume la prevalencia del derecho a la libertad de expresión sobre otros derechos que puedan verse afectado con su ejercicio" dicha primacía cesará cuando se demuestre que el otro derecho, valor o principio constitucional adquiere mayor peso, cuando esto pase, se ha de proceder a un ejercicio de ponderación sobre la base de la primacía de la libertad de expresión en cualquiera de sus manifestaciones.1 Por lo anterior, se puede deducir que existe un límite a la libertad de expresión en sentido amplio, determinado por el derecho al buen nombre y la honra, ya que la información dada por los medios, está sujeta a la exigencia de veracidad e imparcialidad. Para que se configure la responsabilidad civil extracontractual por los daños ocasionados en el ejercicio de la actividad periodística por la divulgación informativa, deben concurrir 3 presupuestos, a saber: 1-La presencia de intención de perjudicar o deteriorar el buen nombre o la honra de una persona determinada o determinable con la información falsa o inexacta que a sabiendas se divulga; o bien de simple culpa, entendida esta como la falta de diligencia profesional periodística necesaria en el comportamiento y ejercicio informativo para asegurar o, por lo menos, procurar que la información que se divulga, además de ser veraz e imparcial, también respete los derechos de los demás y el orden público general, 2- Se requiere la existencia de un daño, que puede ser de un lado, moral cuando se trata de deterioro en el patrimonio moral que afecte la honra, la reputación o lesione alguno de los demás derechos inherentes a la personalidad; o bien material, cuando se refiere a una disminución en los derechos que conforman el patrimonio económico existente o que podía adquirirse mediante la realización de una labor o trabajo, o por medio de la explotación económica pertinente. Con todo, en uno y otro caso debe tratarse de perjuicios actuales o futuros, pero ciertos y lícitos. 3- Que exista una relación de causalidad entre la divulgación falsa o parcial hecha intencional o culposamente y los daños mencionados, de tal manera que estos sean directamente atribuidos a aquella, teniendo en cuenta, entre otros, la finalidad o el contenido de la información y la especie de daño, si moral o material, cuya indemnización se reclama2. Los anteriores presupuestos tienen fundamento en lo estipulado en el artículo 55 de la ley 29 de 1944 y el artículo 2341 del código civil, que a su tenor dice: ARTICULO 55. Independientemente de la responsabilidad penal a que se refieren los artículos anteriores, todo el que, por cualquier medio eficaz para divulgar el pensamiento, por medio de la imprenta, de la radiodifusión o del cinematógrafo, cause daño a otro estará obligado a indemnizarlo, salvo que demuestre que no incurrió en culpa. Artículo 2341. Responsabilidad extracontractual: El que ha cometido un delito o culpa, que ha inferido daño a otro, es obligado a la indemnización, sin perjuicio de la pena principal que la ley imponga por la culpa o el delito cometido. La reciente condena realizada a la periodista y a la radiodifusora, por el juzgado 22 civil del circuito de Bogotá, tiene un aparte muy interesante, el juez considera que existe intención dañina por parte de la periodista dado que el audio difundido no había sido controvertido en juicio, violando el principio de inocencia al vincular a la persona a esa investigación por un audio de carácter íntimo. En el interrogatorio la periodista Vicky Dávila manifiesta que "la investigación de la fiscalía no siguió, y que no se iba a ser nada contra ferro" en esa frase dicha por la periodista, se puede notar claramente una intención dañina, como una especie de justicia por sus propias manos, exponiéndolo al escarnio público, por una conversación de carácter privado e íntimo, que no tenía nada que ver con la investigación. Pero que, a juicio de la periodista, la persona si pertenecía a la denominada comunidad del anillo. Además de la intención dañina, para el juez existió culpa, dado que rompió los límites de informar, puesto que invadió campos que están a cargo de los entes de investigación, en relación con el análisis y la publicidad de la prueba, y falto a la prudencia, pues debió esperar que el ente correspondiente lo hiciera partícipe del delito investigado. Lo anterior es muy interesante, se puede decir a prima facie, que existe una responsabilidad cuando un periodista da una cobertura general a una indagación o investigación preliminar y luego la fiscalía la archive porque no existieron motivos o circunstancias fácticas que permitan su caracterización como delito, o indiquen su posible existencia como tal. Esto es muy importante porque muchos periodistas usan la frase “primicia” y alegan que darán una noticia de gran impacto, creando una expectativa y una gran cobertura a través de redes sociales. Esto supone una condena social a la persona que ha sido puesta en escarnio público. Aunque la fiscalía archive la indagación, quedara en el colectivo general que la persona si fue responsable de lo que se le indagaba, conllevando esto grandes perjuicios morales, y la necesidad de una indemnización. Así lo ha manifestado lo Honorable Corte Constitucional en sentencia T259-94: "Las informaciones judiciales no pueden estar basadas en especulaciones sobre hechos inciertos ni en conclusiones deducidas apresuradamente por los periodistas, pues se corre el riesgo de tergiversar los hechos, tornando la información en falsa o engañosa, o de lesionar el buen nombre, la honra, la intimidad o la dignidad de personas o instituciones." Para concluir, es importante resaltar que el derecho a informar no es absoluto, y que una indemnización, si bien es una forma de resarcir, no es suficiente para reparar los daños causados a una persona que ha sido expuesta a un escarnio público, es por ello, que urge en nuestro sistema normativo, una regulación más estricta de la actividad periodística, que exista un tribunal ético para que sancione a los periodistas que emitan noticias amarillistas y tendenciosas. Columna anterior: Responsabilidad civil del abogado 1- T-031/2007 2- Cas. Civil. 24 de mayo de 1999