Responsabilidad del Estado desplazamiento forzado

El Tribunal Administrativo de Antioquia, en sentencia 2012-00048-01, desarrolló la responsabilidad del Estado por falla en el servicio en casos de desplazamiento forzado. Ello se dio en el trámite de un medio de control cuya finalidad era declarar administrativa y solidariamente responsable a los demandados debido a los atentados explosivos perpetrados en contra de su integridad y la de sus bienes por parte de bandas criminales locales. En este sentido, el juzgador de primera instancia resolvió negar las pretensiones de la demanda, toda vez que a pesar de que se encontraba demostrado el daño sufrido por los demandantes consistente en el desplazamiento forzado del que fueron víctimas en razón al lanzamiento de artefacto explosivo en local comercial de los mismos y a las extorsiones sobre las cuales venían siendo víctimas, pero que en todo caso dicho daño no puede ser imputable a la entidad demandada. Decisión que fue recurrida en apelación por la parte demandante en razón a la omisión de los demandados al deber de garante, teniendo en cuenta el conocimiento previo de la situación de orden público sufrida en dicho municipio. Así las cosas, esa corporación enfocó el estudio del caso en concreto a partir de la responsabilidad estatal y la acreditación de sus elementos, esto es, de la acreditación del daño antijurídico y la imputación de este a una entidad de carácter público. Así, fijó unas reglas para que opere la responsabilidad del Estado bajo el título de imputación de falla en el servicio: Para que proceda la declaratoria de responsabilidad estatal, el Consejo de Estado, varias décadas atrás, ha señalado que deben presentarse los siguientes presupuestos, en tratándose del régimen de responsabilidad de falta o falla del servicio: a) Una falta o falla del servicio de la administración, por omisión, retardo, irregularidad, ineficiencia o ausencia del servicio. La falta de que se trata no es la del agente administrativo, sino la del servicio o anónima de la administración. b) Lo anterior implica que la administración ha actuado o dejado de actuar, por lo que se excluyen los actos del agente, ajenos al servicio, ejecutados como simple ciudadano. c) Un daño que significa la lesión o perturbación de un bien protegido por el derecho bien sea civil, administrativo, etc. con características generales predicadas en el derecho privado para el daño indemnizable, como de que sea cierto, determinado o determinable, etc. d) Una relación de causalidad entre la falta o falla de la administración y el daño, sin la cual, no habrá lugar a la indemnización. Ahora, en cuanto a los daños sufridos por víctimas de la violencia generada por terceros, el Consejo de Estado estudió el tema de la responsabilidad del Estado por omisión del deber de brindar protección en los siguientes términos: “Tratándose de los daños sufridos por las víctimas de hechos violentos cometidos por terceros, ha considerado la Sala que los mismos son imputables al Estado cuando en la producción del hecho intervino la administración, a través de una acción u omisión constitutivas de falla del servicio, como en los eventos en los cuales el hecho se produce con la complicidad de miembros activos del Estado, o cuando la persona contra quien iba dirigido el acto había solicitado protección a las autoridades y éstas no se la brindaron, o porque en razón de las especiales circunstancias que se vivían en el momento, el hecho era previsible y no se realizó ninguna actuación dirigida a su protección”. Bajo dichas consideraciones, y una vez valorado el material probatorio obrante en el expediente, el Tribunal resolvió confirmar la sentencia impugnada, ya que, si bien se configuró el daño, este no es imputable jurídicamente a las entidades demandadas. Descarga la providencia aquí 2012-00048-01