RESUMEN CAUSALES DE NULIDADES PROCESALES CGP

NULIDADES PROCESALES Tal y como ha sido constante en nuestro sistema procesal, el régimen de nulidades es taxativo, en cuanto a que es el legislador quien señala las irregularidades que se elevan a causal de nulidad. Esto significa que no toda irregularidad se puede alegar como nulidad, pues aquellas que no tienen este tratamiento, deberán ser discutidas por medio de recursos, como en efecto lo dispone el parágrafo del artículo 133. Es preciso aclarar que con las reglas del Código General del Proceso, en caso de no haberse seguido el procedimiento que corresponde, no genera motivo de nulidad, como sí lo dispuso el Código de Procedimiento Civil. La razón obedece a que con el nuevo estatuto procesal, se minimiza el riesgo de adelantar el asunto por el procedimiento equivocado, puesto que en tratándose de proceso declarativo, se regulan dos tipos de procedimiento, el del verbal, y el del verbal sumario, a menos de que se trate de alguno de los especiales (expropiación, divisorio, monitorio, y deslinde y amojonamiento), y si el proceso es ejecutivo, se establece un único tipo de procedimiento. No obstante, si por alguna circunstancia a un determinado asunto se le diese un trámite equivocado, como es motivo de excepción previa, el instrumento procesal que debe hacerse valer es dicho medio exceptivo, y si no se propuso, se convalida lo anterior, conforme a lo señalado en el artículo 102 del Código General del Proceso. CAUSALES DE NULIDAD CONSAGRADAS EN EL ART. 133 CGP causales de nulidad que se encuentran enlistadas en el referido artículo: 1.- Art. 133.1 Cuando el juez actúe en el proceso después de declarar la falta de jurisdicción o de competencia. El numeral 1 del artículo 133 del CGP reitera lo dicho en el artículo 16 de la misma obra, y que constituye un claro avance con respecto a la regla que adoptó el Código de Procedimiento Civil. A fin de respetar el acceso a la justicia, el cual se ha manifestado con la presentación de la demanda, si el juez civil carece de jurisdicción o de competencia por los factores subjetivo o funcional, y no rechazó la demanda, sino que la admite, y más adelante advierte que el asunto le pertenece a la jurisdicción laboral, o a la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia (por ser una parte agente diplomático) o por tratarse de un recurso de revisión que debe conocer el Tribunal o la Corte, no se decreta la nulidad de todo lo actuado –como lo dispuso el CPC-, sino que dicta el auto que declara la falta de jurisdicción o la falta de competencia por los factores aludidos y ordena remitir el expediente al despacho judicial correspondiente, pero lo actuado hasta ese momento conserva validez. La nulidad se predica cuando a pesar del auto que ordena la remisión del expediente, continúa actuando en el proceso, en cuyo caso la actuación posterior será nula. EJEMPLO: Para resolver el conflicto ocasionado dentro de un contrato de prestación de servicios profesionales, el juez civil admitió la demanda y notificado el demandado (pudo haber propuesto la excepción previa), el juez civil sigue adelantando el proceso, pero en la audiencia inicial declara la falta de jurisdicción y ordena remitir el expediente al juez laboral, y no obstante lo anterior, sigue adelantando el proceso. Lo actuado después del auto en que declaró la falta de jurisdicción será nulo. Art. 133.2 Cuando el juez procede contra providencia ejecutoriada del superior. Una vez regresa del Ad Quem la decisión adoptada al resolver un recurso de apelación, o incluso el de queja, el A Quo emite auto que ordena obedecer y cumplir lo resuelto por el superior, pero no obstante procede en contra de dicha decisión, generando la nulidad aludida. EJEMPLO: En un proceso fue decretado el embargo y secuestro de un inmueble, cuyo auto fue apelado. El superior revoca el auto y no obstante el inferior, no levanta las cautelas sino que ordena su avalúo y posterior remate, propiciando la nulidad señalada. Art. 133.2 Cuando el juez revive un proceso legalmente concluido. Si el proceso terminó de manera normal (con la sentencia) o en forma anormal (por desistimiento tácito, o por conciliación, entre otros motivos), no puede renovarse para continuar su trámite, pues de acontecer esto genera la nulidad en estudio. EJEMPLO: Aplicando lo establecido en el numeral 1 del artículo 317 del CGP, el juez decreta el desistimiento tácito, cuyo auto queda ejecutoriado, no obstante después de tal providencia, en el mismo expediente se continúa la actuación, lo cual arroja la nulidad indicada. EJEMPLO: El proceso termina por una conciliación, y con posterioridad el demandante realiza actuaciones (porque no se cumplió el acuerdo conciliatorio) que el juez atiende, continuando como consecuencia el trámite del proceso. Art. 133.2 Cuando el juez pretermite íntegramente la respectiva instancia. Es natural que si habiéndose apelado oportunamente una sentencia en el curso de la primera instancia, dentro de la oportunidad y con los requisitos exigidos para este recurso, el juez deba conceder la apelación en el efecto correspondiente. Pero si al contrario, el juez omite tramitar la segunda instancia, impone el que se decrete la nulidad referida. Art. 133. 3 Cuando se adelanta el proceso estando en causal de interrupción. Para garantizar la defensa de las partes, con respecto a las actuaciones que en el curso del proceso se van generando, es necesario que no ocurra alguna de las causales taxativas de interrupción que prevé el artículo 159 del Código General del Proceso, y que son las siguientes:  Muerte, enfermedad grave o privación de la libertad de la parte que no se encuentre representada por apoderado judicial, representante o curador ad litem. En caso de que la parte, sea demandante, demandado, llamado en garantía, y en general intervinientes en el proceso que trata el capítulo II, del título único, sección segunda del Código General del Proceso, se encuentra en alguna de las tres situaciones que prevé el numeral 1 del artículo 159, y en el proceso no tiene apoderado judicial (bien porque no confirió poder, o está actuando en causa propia), representante legal (es persona natural con capacidad para comparecer por sí mismo), o Curador Ad Litem, se ocasiona la nulidad planteada, a partir del momento en que sucede el hecho que provoca la interrupción del proceso. Naturalmente, que si la parte se ve avocada a alguna de las situaciones planteadas en la norma, pero tiene apoderado judicial, representante o Curador Ad Litem, no se configura la interrupción que se analiza, pues su derecho de defensa no se ve afectado, toda vez que ese representante judicial o legal, puede ejercer las actuaciones pertinentes. EJEMPLO: Pedro presentó demanda en contra de Gustavo y éste se notificó correctamente del auto admisorio de la demanda, quien en causa propia y oportunamente contestó la demanda proponiendo excepciones de mérito. Descorrido el traslado para que el demandante solicite pruebas con respecto a las excepciones, el juez señaló fecha y hora para la audiencia inicial, pero antes de llevarse a cabo esta audiencia, el demandado tuvo un accidente serio que implicó ser intervenido en un hospital en donde estuvo recluido durante un mes, espacio dentro del cual se llevó a cabo la audiencia inicial. Como la enfermedad que sufrió el demandado (no representado por apoderado judicial) generó causal de interrupción del proceso, todas las actuaciones surtidas en la audiencia quedarán nulas, siempre que se alegue dicha nulidad.  Muerte, enfermedad grave o privación de la libertad del apoderado judicial, como también del representante o Curador Ad Litem que actúan en el proceso y carecen de apoderado judicial. Las eventualidades que llevan a interrumpir el proceso, son las mismas expuestas en el punto anterior, pero en este caso recae sobre el apoderado judicial de una de las partes, como también respecto del representante legal o del Curador Ad Litem, que no están actuando a través de apoderado judicial. Significa entonces, que si la parte está representada por apoderado judicial, y la muerte, enfermedad grave o privación de la libertad, se predica de aquella, no se genera la interrupción aludida, puesto que el derecho de defensa no se menoscaba, toda vez que el apoderado judicial tiene plenas facultades para seguir actuando. EJEMPLO: En un proceso en que se encuentra vinculado como parte un menor de edad, actuando este por medio de su representante legal (la madre o el padre), quien sin haber conferido poder a un abogado fallece, los actos procesales que se ocasionen después del deceso serán nulos por generarse motivo de interrupción del proceso. Igual acontecerá si en armonía con el artículo 55 del Código General del Proceso, el menor que debe comparecer al proceso carece de representante legal, por lo que el juez le designa curador ad litem. quién ejerce su representación, y fallece sin haber otorgado poder a un abogado.  Estar el apoderado judicial inhabilitado, excluido o suspendido en el ejercicio de la profesión de abogado. Conforme al Estatuto de la Abogacía y al Código Disciplinario del Abogado, el abogado no puede ejercer la profesión cuando se encuentra en causales de inhabilidad (se posesiona en un cargo público), o ha sido suspendido o excluido de la profesión en sentencia dictada en proceso disciplinario. De actuar estando incurso en tales eventos, se configura la nulidad por cuanto el proceso se interrumpió. EJEMPLO: En proceso (declarativo o ejecutivo) se presenta demanda a través de apoderado judicial, y éste se posesiona en un cargo público, pero sigue actuando en el proceso. Esta situación provocó la interrupción del proceso, pues el apoderado se inhabilitó para ejercer la profesión, generando la consecuencia de nulidad de las actuaciones realizadas a partir de la inhabilidad. Art. 133.3 Cuando se adelanta el proceso estando en causal de suspensión, o se reanuda antes de la oportunidad debida. Las causales de suspensión de un proceso son taxativas y se encuentran en el artículo 161 del Código General del Proceso, por lo que entre tanto no puede haber actuaciones, pues de haberlas se atenta a la defensa y controversias de las que se susciten si ocurrieron estando suspendido el proceso. Los motivos de suspensión son los siguientes:  Prejudicialidad. Cuando para dirimir el conflicto, se requiere conocer una decisión previa, la cual incidirá en la resolución a adoptar, el juez por medio de auto suspende la sentencia en espera de conocer la determinación adoptada en el otro proceso. Para aplicar esta institución procesal, es indispensable que la decisión del otro proceso (penal, administrativo, civil) tenga una verdadera incidencia en la sentencia que se vaya a dictar, de allí que debamos precisar las siguientes reglas: 1.- Que no se trate exactamente del mismo proceso (identidad de partes, objeto y causa) pues en este caso se constituye un pleito pendiente y no motivo de prejudicialidad. 2.- Que la decisión que se adopte en el otro proceso, tenga incidencia clara y precisa en la sentencia que se profiera. 3.- Que en caso de acogerla (prejudicialidad) se suspende concretamente es la sentencia y no el proceso. 4.- Que el tiempo de suspensión para dictar la sentencia, no puede exceder de 2 años. (Bajo las reglas del CPC son 3 años) EJEMPLO: Se inicia ante el juez civil del circuito el proceso de expropiación con fundamento en la resolución que ordena la expropiación, pero dicho acto administrativo se ha demandado como nulo ante la jurisdicción contencioso administrativa, naturalmente que el juez civil debe suspender el proferimiento de la sentencia, pues es fundamental conocer la decisión que adopte la jurisdicción donde cursa el proceso de nulidad del acto administrativo. En este caso hay prejudicialidad de proceso administrativo a proceso civil. EJEMPLO: En proceso de restitución de inmueble arrendado se aporta como prueba la declaración de testigos rendida de manera anticipada. Se formula denuncia penal por falsas declaraciones de los testigos que fueron recepcionados, caso en el cual el juez civil debe suspender la sentencia, por cuanto necesita conocer el fallo penal, pues dependiendo de esto decreta o no la restitución pretendida. En este caso hay prejudicialidad de proceso penal a proceso civil. Prejudicialidad de proceso civil a otro civil. Cuando se quiera adoptar la prejudicialidad de proceso civil a otro civil, es imperioso examinar si la cuestión debatida se hubiera podido tramitar como excepción de mérito o mediante demanda de reconvención, pues si no fuere procedente acudir a uno de estos eventos es viable la prejudicialidad, y en caso contrario (se hubiera podido alegar como excepción o en demanda de reconvención) el juez dicta sentencia sin aplicar prejudicialidad. Caso especial que la norma trata es cuando existe proceso ejecutivo y se adelanta un proceso declarativo (iniciado el declarativo antes o después del ejecutivo) que verse sobre la validez o la autenticidad del título ejecutivo y en éste -el proceso de ejecución- procede la excepción por los mismos hechos, caso en el cual no es predicable suspender la sentencia que se dictará en el proceso ejecutivo, ya que el escenario para dirimir la controversia en torno a la validez del título ejecutivo es el proceso de ejecución por ser procedente la proposición de la excepción. EJEMPLO: Se promueve acción reivindicatoria y el demandado poseedor ha completado el tiempo para usucapir. En tal caso, deberá alegar la prescripción bien como excepción, si la alega como extintiva, o mediante demanda de reconvención si opta por la adquisitiva. En este evento, no aplica la prejudicialidad, por cuanto es viable la excepción o la demanda de reconvención. EJEMPLO: El acreedor del poseedor inicia proceso de pertenencia a nombre del poseedor, con fundamento en el art. 375.2 del Código General del Proceso, aportando como prueba el título ejecutivo que le legitima accionar. En proceso aparte el deudor (poseedor del predio materia de la pertenencia) adelanta proceso declarativo en que se pretende declarar la nulidad del contrato del cual se origina el título ejecutivo que sirvió de base para que el acreedor adelante el proceso de pertenencia. Como los hechos de una demanda no corresponden con los hechos que se debaten en el otro proceso, es viable suspender la sentencia mientras se decide si hay o no nulidad del contrato del que se deriva el título ejecutivo, pues de serlo, el accionante no tiene legitimación para accionar la pertenencia a nombre del poseedor. EJEMPLO: El acreedor demanda en proceso ejecutivo a su deudor, y éste decide presentar demanda declarativa para que se decrete nulo el contrato que dio origen al título ejecutivo. En este caso no es predicable la prejudicialidad, puesto que los hechos que originan el proceso declarativo han debido plantearse como excepción dentro del proceso ejecutivo, pues dependiendo de la nulidad es válido o no el título ejecutivo.  Las partes de común acuerdo solicitan la suspensión del proceso por un tiempo determinado. Consecuencia de la autonomía de la voluntad de las partes, es el que puedan solicitar al juez que decrete la suspensión del proceso (seguramente porque están en diálogos que busquen acercamientos para solucionar el conflicto). De conformidad con el numeral 2 del artículo 161 del CGP, deben cumplirse estos requisitos: 1.- Que la solicitud bien escrita u oral formulada en audiencia, provenga por todas las partes que intervienen en el proceso, es decir por los sujetos procesales de que trata el capítulo II, del título único, sección segunda del Código General del Proceso. Como consecuencia no se exige que un coadyuvante se una a la petición de suspensión, toda vez que se trata de un tercero subordinado. 2.- Que si se encuentra embargado el remanente, la petición de suspensión debe también estar formulada por el acreedor que consumó dicho embargo (art. 466 CGP). 3.- Que en la solicitud se precise hasta qué fecha queda suspendido el proceso, por cuanto es por tiempo determinado.  Por disposición expresa de la ley en casos especiales. El inciso final del artículo 161 dispone que también ha de suspenderse el proceso, cuando la ley lo manifieste en casos especiales, como en los siguientes: 1.- Art. 57. Cuando se demanda o contesta la demanda a través de agente oficioso. 2.- Arts. 150 y 464. Cuando se tramita la acumulación de procesos declarativos o ejecutivos. Para los casos de suspensión atrás indicados debe haberse proferido auto que así lo disponga, y no pueden generarse actuaciones mientras se mantengan las razones de la suspensión puesto que están afectadas de nulidad. De tal suerte que si como consecuencia de la prejudicialidad el juez decreta la suspensión de la sentencia, no puede reanudar la actuación antes de los 2 años, a menos que dentro dese lapso, se haya proferido sentencia ejecutoriada en el otro proceso que generó la suspensión. Igual acontece para el caso en que se suspende el proceso por la petición conjunta de las partes, en que si por ejemplo se suspende el proceso por 6 meses o precisando la fecha exacta hasta cuando quedará suspendido, no pueden surgir actuaciones dentro de ese plazo en que se encuentra en suspenso. En los casos de suspensión por ministerio de ley, como sucede en la agencia oficiosa o en la acumulación de procesos, no se requiere pronunciamiento expreso del juez. Art. 133.4 Cuando es indebida la representación de una de las partes. Si una de las partes es persona jurídica, ella debe actuar a través de su representante legal, y es este quien en realidad debe representarla. Por tanto, si la entidad va a demandar o es demandada, es requisito que en el respectivo proceso intervenga a través de quien en realidad es el representante legal, representación que se refleja del certificado que emana de la autoridad respectiva (superintendencia vigilante, cámara de comercio, etc), pues si interviene por conducto de otra persona que no es el representante legal –nunca lo ha sido o pudo serlo- genera la nulidad que estamos estudiando. Igual sucede con la persona natural que es incapaz, bien por ser menor de edad, o porque ha sido declarada interdicta, casos en que el incapaz actuará en el proceso por intermedio de quien es su representante legal. EJEMPLO: Se celebra un negocio jurídico con una determinada entidad de derecho privado, representada para la época del contrato por Felipe Aguilar. Como consecuencias de diferencias en el contrato es demandada la sociedad y se allega el certificado que corresponde a la misma expedido un mes antes de ser presentada a demanda y en el mismo aparece Felipe Aguilar como el gerente, pero cuando se notifica el auto admisorio de la demanda, se notifica del mismo a Felipe Aguilar cuando en realidad para ese momento el gerente es Gonzalo Marín, lo cual lleva a la nulidad por indebida representación. Art. 133.4 Cuando una de las partes actúa a través de apoderado judicial, pero éste carece íntegramente de poder. Consecuencia del ius postulandi es el que los sujetos procesales intervengan a través de apoderado judicial, con las salvedades previstas en el estatuto de la abogacía. El poder debe constar en documento, incluso cuando se confiere de manera oral en una audiencia o diligencia, toda vez que en la videograbación consta el otorgamiento del poder. Para estructurar la causal de nulidad se requiere la carencia total del poder, pues de existir el mismo pero resulta ser insuficiente, naturalmente que se estructura una irregularidad que se habrá de corregir a través de recursos, como sería el caso de que un apoderado judicial celebre una transacción sin tener la facultad expresa para hacerlo, que por tratarse de un acto de disposición del derecho litigioso es menester que el poderdante le haya autorizado. La nulidad en estudio se predica porque a nombre de una de las partes actúa un apoderado judicial sin que medie poder para intervenir, como será el caso en que después de haberse revocado el poder que se confirió por medio de escritura pública, se interviene con copia de la misma en donde no aparece constancia de la revocatoria hecha, o porque el apoderado renunció al poder y el juez por auto debidamente notificado al poderdante le aceptó la renuncia, y no obstante aquel continúa actuando en el proceso. 133.5 Cuando se omiten las oportunidades para solicitar, decretar o practicar pruebas. Acorde al artículo 29 de la Constitución Política, las partes tienen derecho a pedir pruebas y controvertir las pruebas de su contraparte, de allí que cuando el juez o magistrado impida que las partes acudan a ese derecho constitucional se genera la nulidad en estudio. Las pruebas generalmente se piden en los actos iniciales del proceso, esto es en la demanda y en la contestación de la misma. Pero de acuerdo con las circunstancias del proceso, pueden ocasionarse nuevas oportunidades probatorias, como sería el caso en que el demandado propone excepciones de mérito, o cuando el juez atribuye la carga de la prueba a quien esté en mejores condiciones, entre otros eventos. EJEMPLO: En proceso monitorio es notificado el demandado del auto que requiere pagar, y éste contesta la demanda negando la deuda. El juez convoca a audiencia, sin permitir al demandante que pida pruebas, incurriendo en la causal de nulidad. EJEMPLO: En proceso verbal, verbal sumario, o ejecutivo, cuando el demandado propone excepciones de mérito, si el juez omite al demandante o ejecutante que pida pruebas con respecto a los hechos en que se basan las excepciones, se genera la nulidad. EJEMPLO: Si en el trámite del recurso de apelación de sentencia, el superior no admite el recurso, sino que directamente convoca a audiencia de sustentación y fallo, propicia la nulidad por cuanto omitió la oportunidad de pedir pruebas en segunda instancia. Art. 133. 5 Cuando se omite la práctica de pruebas que de acuerdo con la ley sean obligatorias. Motivo de nulidad que novedosamente se consagra en nuestro sistema procesal, es el que el juez no practique una prueba que por ministerio legal ha debido llevarse a cabo. No se trata de pruebas de oficio, pues estas sí quedan en la discrecionalidad en el juez de decretarla o no, sino de prueba por disposición legal, en que es el legislador quien la exige en determinados casos. Se requiere que en un precepto legal y en forma imperativa, deba ser practicada una prueba, que naturalmente de manera previa tuvo que ser decretada, como en los siguientes casos:  Procesos de pertenencia. Art. 375.9 En estos procesos es imperiosa la inspección judicial sobre el inmueble materia del proceso, pues debe el juez llevarla a cabo de manera obligatoria para verificar los hechos constitutivos de la posesión alegada y constatar que la valla o el aviso, según el inmueble, se hayan instalado.  Procesos de servidumbre. Art. 376 Es obligatoria la inspección judicial, pues sin ella, el juez no puede dictar la sentencia que decrete la variación, extinción o imposición de la servidumbre, tal y como lo dispone el inciso segundo del artículo 376 del Código General del Proceso.  Procesos de deslinde y amojonamiento. Art. 403. Aunque la disposición se refiere a diligencia de deslinde, se trata de una inspección judicial en que el juez verifica que los predios en donde se encuentra el problema de linderos, sean colindantes y de serlo, proferirá allí mismo la sentencia en que señala los linderos.  Procesos de investigación o impugnación de la paternidad o la maternidad. Art. 386. En los que es imperiosa la prueba con marcadores genéticos de ADN, a menos que el demandado no se oponga a las pretensiones, como lo establece el numeral 3 del artículo 386 del Código General del Proceso.  Cuando el documento aportado al proceso fue tachado de falso. Art. 270. Caso en que es obligatoria la prueba pericial para cotejar la firma o el manuscrito, o las posibles adulteraciones.  En la audiencia inicial (proceso verbal) o en la audiencia única (proceso verbal sumario), para los procesos declarativos, o para los ejecutivos en que se propusieron excepciones de mérito, en que es obligatorio practicar los interrogatorios de parte, siempre que estas se encuentren presentes, o basta con que una de ellas lo esté, como lo preceptúan los artículos 372.7, 392 y 443 del Código General del Proceso. Art. 133. 6 Cuando se omita la oportunidad para alegar de conclusión o para sustentar un recurso o descorrer su traslado. Las partes en litigio tienen derecho a exponer sus argumentos antes de que el juez o magistrado dicte la sentencia tanto de única, como de primera o segunda instancia. No puede el funcionario judicial proferir su fallo de única o primera instancia, sin que previamente se haya dado la oportunidad a las partes de que expongan sus alegatos de conclusión, derecho que primero hace valer el demandante y luego lo hará el demandado. Si las partes no están presentes, o estándolo no exponen sus alegatos, es asunto distinto, pues es una carga para ellos de asistir a la audiencia y de alegar en la misma. Esta oportunidad de alegar de conclusión debe ser garantizada inclusive cuando el juez va a dictar sentencia anticipada, pues no obstante esta facultad que la ley le otorga, el juez no puede privar a las partes para que previamente expongan sus alegatos de conclusión. También se incurre en este motivo de nulidad, cuando el Ad Quem omite la oportunidad para sustentar el recurso de apelación de la sentencia, sustentación que debe ser coherente con los reparos planteados cuando se interpuso dicho recurso. De esta manera, el superior no puede tener proyectada la sentencia de segunda instancia, puesto que es obligatorio que escuche al apelante los argumentos que a plenitud hará en la audiencia respectiva. En la misma forma, debe permitirse a la parte que no recurre la providencia, que replique a los argumentos expuestos por el impugnante, cualquiera que fuere el recurso que se tramita. Por tanto, si se trata de reposición, la parte contraria tiene derecho a replicar, en este caso para que se confirme el auto. Igual acontece con la apelación del auto, que con el nuevo esquema procesal se sustenta ante el A Quo y se replica allí mismo. En tratándose de queja o súplica, también en su trámite el no recurrente tiene la oportunidad para replicar en el momento en que se descorre el traslado una vez sustenta el recurrente. Art. 133. 7 Cuando la sentencia se profiera por un juez distinto del que escuchó los alegatos de conclusión o la sustentación del recurso de apelación. Es novedosa esta causal de nulidad, que no fue prevista en el Código de Procedimiento Civil, pero sí en el numeral 7 del artículo 133 del nuevo estatuto procesal. El juez que dicta la sentencia debe ser el mismo que escuchó los alegatos de conclusión, cuando dicha providencia es de única o de primera instancia, pero si la sentencia es proferida en la segunda instancia, el funcionario que la dicte debe haber oído la sustentación del recurso de apelación. De esta forma, los alegatos, y en su caso, la sustentación de la apelación que se han de exponer oralmente y no a través de escritos, como lo dispone el numeral 6 del artículo 107 del Código General del Proceso, tienen un alcance fundamental debido a que obliga al juzgador a escuchar previamente los argumentos de las partes, para luego dictar la sentencia respectiva. Teniendo en cuenta que por regla general en la misma audiencia, bien por ser única, o porque es la de instrucción y juzgamiento, una vez las partes alegan de conclusión el juez procede a dictar la sentencia, lo que implica que el riesgo de la nulidad en estudio se minimiza. Igual acontece con la audiencia de sustentación y fallo, cuando el objetivo es el de dictar la sentencia de segunda instancia. Es factible que de manera restrictiva, la sentencia no se profiera en la misma audiencia en que se alega de conclusión, puesto que el juez anunciando el sentido del fallo en la respectiva audiencia (que será por razones válidas, previo informe a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura), proferirá la sentencia por escrito dentro de los 10 días siguientes. Puede suceder que haya habido un cambio de juez entre la audiencia y la sentencia escrita, debiendo entonces el nuevo juez, convocar a audiencia con el propósito de que se expongan los alegatos en su presencia para dictar la sentencia, la cual no queda supeditada al sentido del fallo que su antecesor manifestó. No se trata de que por cambio de juez deban repetirse las pruebas, pues si estas fueron correctamente practicadas, no se justifica volverlas a practicar pues podría suceder que alguna de ellas no se pueda repetir. Lo que sí deberá repetirse es la fase de alegar de conclusión o la de sustentar la apelación de sentencia, puesto que es vital que el funcionario judicial que proferirá el fallo sea el mismo ante quien se alegó o sustentó la apelación. Art. 133.8 Cuando no se practica en legal forma la notificación del auto admisorio de la demanda a personas determinadas. Aunque el numeral 8 del artículo 133 del Código General del Proceso se limita a la indebida notificación del auto admisorio de la demanda a personas determinadas, debe entenderse que se incluye también el auto que libra mandamiento ejecutivo, pues es el equivalente al admisorio de la demanda, solo que se profiere en los procesos de ejecución –como sí lo manifestó el numeral 8 del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil-. Los demandados o ejecutados como personas determinadas que son, deben ser notificados personalmente y en subsidio por aviso, del auto que admite la demanda o libra el mandamiento ejecutivo, con las excepciones en que tal notificación es por estado, a las cuales se hizo referencia en la unidad de notificaciones de que se ocupa este trabajo. De tal suerte que si la notificación al demandado no se lleva a cabo bajo las formalidades indicadas en el artículo 290 del CGP, para la notificación personal, o las señaladas en el artículo 291 del mismo estatuto, para cuando en subsidio de la personal la notificación es por estado, genera la nulidad en estudio. Mencionaremos algunas hipótesis que pueden conducir a esta causal de nulidad, agregando que no obstante las irregularidades a que haremos alusión, si el demandado o ejecutado comparece al juzgado y se notifica personalmente, no hay motivos para alegar la nulidad puesto que ya está notificado de manera correcta. Razones que pueden llevar a la nulidad son estas: a.- Que la citación y en su caso el aviso, se remiten a una dirección diferente a la que se reportó en la demanda, o en escrito posterior. Esto significa que si por alguna circunstancia el demandado cambió su dirección, debe el accionante mediante memorial suministrar la nueva dirección, para luego proceder a remitir por correo, primero la citación y luego el aviso, si el citado no compareció al juzgado para notificarse. (Art. 291.3 inciso segundo CGP) b.- Que la citación no contenga la información señalada en el inciso primero del numeral 3 del artículo 291. c.- Que sin haber respetado el término para que el citado comparezca al juzgado (5, 10 o 30 días), se remita el aviso para notificarlo por este medio subsidiario al personal. d.- Que cuando se remita el aviso, en él no se incluye toda la información que exige el inciso primero del artículo 292. e.- Que al aviso no se haya acompañado copia del auto admisorio de la demanda o mandamiento ejecutivo, que corresponde a la providencia que se notifica. f.- Que el demandado haya sido adecuadamente emplazado, pero el demandante no lo notifica personalmente o en subsidio por aviso, debiendo hacerlo por cuanto conocía de su paradero. 14.- Art. 133. 8 Cuando no se realiza en legal forma el emplazamiento de personas determinadas e incluso indeterminadas que deban ser citadas como partes. Para garantizar la defensa de sus derechos, el código establece las formalidades que deben cumplir los emplazamientos, tanto para personas determinadas como también para indeterminadas que quieran concurrir al proceso. En la unidad dedicada a las notificaciones, se expone el nuevo régimen de emplazamientos, siendo el artículo 108 del Código General del Proceso el que consagra la regla general para emplazar tanto a personas determinadas como a las indeterminadas. Esta norma de contenido general debe integrarse con otras de carácter especial, que señalan las pautas y contenidos del emplazamiento para el caso en particular, como la prevista en el numeral 7 del artículo 375 que se ocupa del emplazamiento a personas indeterminadas en procesos de pertenencia. En los procesos de pertenencia debe el juez en el auto admisorio de la demanda, ordenar el emplazamiento de las personas que se consideren tener derechos sobre el bien litigioso. El numeral 7 del artículo 375 del Código General del Proceso, prevé las formalidades para dicho emplazamiento, siendo ellas las siguientes: - Si el predio litigioso lo permite, debe en un lugar visible dentro del mismo, instalarse una valla cuya dimensión no sea inferior a un metro cuadrado. Dicha valla debe estar junto a la vía pública más importante del predio, de tal suerte que resulte visible para todo aquel que transite por ese lugar. De no ser posible la valla dadas las características del predio litigioso, como aquellos que están sometidos a propiedad horizontal, se fijará entonces un aviso en un lugar visible de la entrada del inmueble. - La valla o el aviso, en su caso, deberá contener la información señalada en los siete literales del numeral 7 del artículo 375, escritos en letra de tamaño no inferior a siete (7) centímetros de alto por cinco (5) centímetros de ancho. - Instalada la valla o el aviso, deberá el interesado aportar al expediente fotografías del inmueble en que se observe el contenido de ellos. - Hecho lo anterior, el juez ordena que se incluya la valla o el aviso en el registro nacional de procesos de pertenencia que llevará el Consejo Superior de la Judicatura, por el término de un mes, para que dentro de ese término puedan contestar la demanda los interesados que crean tener derechos sobre el predio. - La valla o el aviso permanecerán instalados en el predio hasta la audiencia de instrucción y juzgamiento. En caso de que no se cumplan cabalmente las formalidades para los emplazamientos, a las cuales se refiere el artículo 108 del Código General del proceso, en concordancia con las formalidades de carácter especial como la prevista para los procesos de pertenencia (375.7), se configura la nulidad en estudio. Art. 133.8 Cuando no se practica en legal forma la notificación a los sucesores de una de las partes, en el curso del proceso. Como consecuencia de que una de las partes fallezca durante el curso del proceso, provocando la interrupción del mismo, debe notificarse por aviso al cónyuge o compañero permanente, a los herederos, al albacea con tenencia de bienes, al curador de la herencia yacente, e incluso a la parte cuyo apoderado falleció, o fue excluido o suspendido del ejercicio de la profesión, o fue privado de la libertad, o quedó inhabilitado. El artículo 160 del Código General del Proceso preceptúa que dicha notificación se hará por aviso, lo cual significa que si el auto que ordena su vinculación no cumple con dicha modalidad de notificación, ocasiona la nulidad indicada. Art. 133. 8 Cuando no se cita en debida forma al Ministerio Público o a cualquier otra persona o entidad que de acuerdo con la ley debió ser citada. La circunstancia de haberse citado en forma incorrecta al Ministerio Público en aquellos asuntos en que la ley exige que se debe citar, propicia la nulidad prevista en el numeral 8 del artículo 133 del Código General del Proceso, como también cuando dicha anomalía se predica respecto de personas o entidades que en norma especial se exija su citación. A fin de garantizar los derechos de incapaces que son parte en el proceso, como también los del Estado, cuando una entidad de derecho público lo es, y en general cumplir con las funciones que señala el artículo 46 del Código General del Proceso, debe citarse a la correspondiente entidad, como sería el Ministerio Público o también la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, tal y como lo prevé para esta última el artículo 610. Son varias las situaciones en que debe citarse a determinadas personas por disposición expresa de la ley, destacando entre otras las siguientes:  Procesos de Pertenencia. (375.5) Tradicionalmente en estos procesos son vinculados en calidad de sujetos determinados, quienes de acuerdo con el certificado de libertad y tradición del inmueble a usucapir son titulares de derechos reales principales. El nuevo estatuto procedimental, modifica lo anterior por cuanto el artículo 375 señala que la demanda se dirigirá contra titulares de derechos reales (principales o accesorios), y precisa que si del certificado de libertad y tradición aparecen acreedores hipotecarios, éstos deberán ser citados, lo cual será ordenado desde el auto admisorio de la demanda, con el objetivo de que plenamente notificados intervengan en el proceso si a bien lo tienen.  Procesos ejecutivos. (462) La ley dispone que cuando en los procesos de ejecución fuere embargado un bien que soporta gravamen real (hipoteca o prenda), debe citarse al acreedor, a fin de enterarlo que el bien que soporta el gravamen real y que por tanto le garantiza el pago, se encuentra cautelado por cuenta del proceso ejecutivo, y así protegerle sus derechos de persecución y prelación, puesto que podrá adelantar la ejecución persiguiendo el bien.  Procesos de servidumbre. (376) Preceptúa el artículo 376 del Código General del Proceso que si de los certificados de libertad y tradición tanto del predio dominante como del predio sirviente aparecen titulares de derechos reales (principales o accesorios), deberán ser citados. En estos casos como en otros cuando la ley ordene citar a determinados sujetos, el auto que ordena la citación se hará conforme a las reglas 291 y 292 del Código General del Proceso, y si se desconoce su paradero, deberá ser emplazado bajo las reglas del artículo 108 ibídem. De ser indebida o irregular la notificación, hay lugar a la nulidad prevista en el artículo 133 numeral 8.