Sentencia SL-2010/2019 – GMH ABOGADOS COLOMBIA

La honorable Corte Suprema de Justicia en sentencia SL-2010/2019 precisó que el maltrato hace inexigible el requisito de convivencia, para efectos de pensión de sobrevivientes. La Sala estableció que el presupuesto de convivencia, exigido legalmente para acceder a la pensión de sobrevivientes, no se puede descartar por la pura y simple separación de cuerpos de los cónyuges, específicamente en contextos en los que el presunto beneficiario ha sido sometido a maltrato físico o sicológico, que lo lleva forzosamente a la separación. Lo anterior, debido a que la sentencia que negó a la demandante la petición encaminada a lograr el reconocimiento de esa prestación no tuvo en cuenta las pruebas que evidenciaban que la separación producida entre los cónyuges se fundaba en los tratos crueles sufridos por la reclamante. Según la Sala, en escenarios de este tipo no se puede culpar al consorte víctima de renunciar a la cohabitación y castigarlo, en consecuencia, con la pérdida del derecho a la pensión de sobrevivientes, pues, además de que la separación es un ejercicio legítimo de conservación y protección al derecho fundamental a la vida y a la integridad personal, el legislador no lo puede obligar a lo imposible o establecerle cargas irrazonables. De acuerdo con el fallo, una postura diferente a la adoptada por el alto tribunal configuraría una forma de revictimización contraria a los valores más esenciales del ordenamiento y, también, implicaría reproducir patrones y contextos de violencia contra la mujer. Conforme a todo lo anterior, la corporación determinó que, en el caso analizado, el requisito de la convivencia se tenía que dar por cumplido, pues además de que la demandante convivió con el causante desde la fecha de matrimonio, la falta de cohabitación desde el momento de la separación hasta la muerte del pensionado se originó en los malos tratos que este le propinaba a su esposa. Descargar providencia aquí SL2010-2019 RESUMEN DE LA SENTENCIA Proceso ordinario laboral: La demandante solicita la pensión de sobrevivientes por el fallecimiento de su cónyuge, argumentando que la separación no fue por su culpa sino por los tratos crueles del causante. Sentencia de primera instancia: El juzgado concede la pensión a la demandante, aplicando la excepción a la regla de la convivencia prevista en el Decreto 1160 de 1989, al considerar que la separación fue culpa exclusiva del causante. Sentencia de segunda instancia: El tribunal revoca la sentencia del juzgado y absuelve a la entidad demandada, basándose en que no existía convivencia entre la demandante y el causante al momento del fallecimiento, sin analizar el tema de la culpa o los tratos crueles. Recurso de casación: El apoderado de la demandante acusa al tribunal de haber incurrido en errores de hecho por no valorar adecuadamente el recurso de apelación y el principio de consonancia, y pretende que se confirme la sentencia del juzgado. Casación de la sentencia del tribunal: La Corte Suprema de Justicia casó la sentencia del tribunal que negó la pensión de sobrevivientes a la demandante, por haber incurrido en errores de hecho y no valorar adecuadamente el recurso de apelación y el principio de consonancia. Instancia de la Corte: La Corte confirmó la sentencia del juzgado que reconoció la pensión de sobrevivientes a la demandante, al considerar que la separación de cuerpos se debió a los tratos crueles del causante y que ese supuesto justificaba jurídicamente la falta de convivencia. Relevancia del concepto de unión conyugal: La Corte precisó que el artículo 13 de la Ley 797 de 2003 privilegió el derecho del cónyuge a recibir la pensión de sobrevivientes, aun cuando estuviera separado de hecho del causante, siempre y cuando acreditara una convivencia real y efectiva durante el lapso legal de cinco años, pero no necesariamente anteriores al deceso. Protección a las víctimas de maltrato: La Corte estimó que el requisito de la convivencia no se podía descartar por la pura y simple separación de cuerpos de los cónyuges, especialmente en contextos en los que el presunto beneficiario había sido sometido a maltrato físico o psicológico, pues ello implicaría una forma de revictimización contraria al ordenamiento jurídico.