El alto tribunal revisó una tutela contra el Juzgado Dieciocho de Familia que, al sentenciar un ejecutivo de alimentos, se limitó a una fotocopia del acta de conciliación de 2001 sin verificar recibos de pensión, salud ni recreación. El ejecutado alegó prescripción y cobro de lo no debido, pues los hijos ya eran mayores y los pagos habrían sido realizados oportunamente.

La Sala constató que el despacho no estudió si debía aportarse un «título complejo»: cuando la cuota incluye rubros variables —colegiatura, medicina prepagada, recreación— el acta debe acompañarse de comprobantes que determinen las sumas exigibles. Al no hacerlo, el juez vulneró el debido proceso y el derecho de defensa del alimentante.