La Corte Suprema de Justicia confirmó la sentencia que concedía una tutela por omisión del juez de segunda instancia en resolver una solicitud de declaratoria de desierto del recurso de apelación. Sin embargo, lo hizo por una razón distinta: el abogado que presentó la impugnación no demostró tener poder especial para actuar en nombre de la parte afectada.

El memorialista fue requerido expresamente por la Corte para que allegara el poder especial, conforme al artículo 74 del CGP y al artículo 10 del Decreto 2591 de 1991. Al no hacerlo dentro del término de tres días, se configuró la falta de legitimación en la causa, razón por la cual la Sala se abstuvo de estudiar el fondo del asunto.