SL1140-2023 Incumplimiento obligaciones generales protección

La Corte Suprema de Justicia en Sentencia SL1140-2023 recordó sobre el Incumplimiento de las obligaciones generales de protección y seguridad Social. La Corte Suprema de Justicia de Colombia decide el recurso de casación interpuesto contra la sentencia que la condenó a pagar perjuicios morales por la muerte de un trabajador en un accidente de trabajo. Hechos del caso: Un trabajador falleció el 20 de diciembre de 2014 cuando fue asaltado y herido por unos sujetos que le robaron el dinero y los títulos valores que transportaba en motocicleta por orden de su empleador. Culpa patronal: La Corte confirma la existencia de culpa patronal de la empresa demandada, al considerar que incumplió sus obligaciones de protección y seguridad, al exponer al trabajador a un riesgo innecesario y previsible, sin dotarlo de los medios adecuados para evitarlo o mitigarlo. Perjuicios morales: La Corte confirma la condena a la empresa demandada a pagar perjuicios morales a la cónyuge, los hijos y los hermanos del trabajador fallecido, con base en la presunción legal de afectación y la valoración de las pruebas. En relación con la «culpa suficientemente comprobada del empleador» respecto a una contingencia de origen laboral, la Sala ha establecido que la misma se determina por el análisis del incumplimiento de los deberes de prevención y demás acciones o controles que corresponden al empleador, que permitan establecer la existencia de un nexo causal entre aquellas y el hecho generador del accidente (CSJ SL2206-2019 y CSJ SL5154-2020). Ahora, respecto a la segunda conclusión censura argumenta la inexistencia de un riesgo público que le implicara la ejecución de medidas de protección o prevención de un peligro potencial asociado al ejercicio de las funciones y tareas que ejercía su trabajador, pues considera que si el evento tiene como causas inmediatas el hurto y la inseguridad de la ciudad, y aun cuando la ARL le efectuó recomendaciones para evitar la reincidencia de accidentes similares cuando los trabajadores transportan altas sumas de dinero, en su opinión la correcta valoración de dicho formato de investigación imponía concluir que esas causas inmediatas están definidas por factores externos, ajenos e imprevisibles que no se le deben atribuir, por lo que el nexo causal no podía respaldarse en esa prueba. En este punto es importante destacar que el Tribunal consideró que no había un solo indicio de que la empresa se hubiese preocupado por el riesgo al que exponía al trabajador al enviarlo habitualmente a transportar en vía pública sumas en efectivo que alcanzaban los cien millones de pesos, sin dotarlo de ninguna protección, pese a que incluso el mismo motociclista le había advertido sobre la inseguridad que ello implicaba, tal y como lo manifestó la testigo Marcela Alejandra Moscoso. Y estas conclusiones no fueron controvertidas en el cargo propuesto. En el anterior contexto, si el empleador era conocedor de los peligros que acarreaba esa función habitual e incluso el propio trabajador ya se lo había manifestado, era su deber adoptar las medidas de prevención y protección tendientes a garantizar la seguridad de su colaborador contra los distintos agentes de riesgo que acarrea el hecho de trasladar elevadas sumas de dinero en una ciudad de alta inseguridad como lo es Bogotá, tal y como posteriormente -y tardíamente- la ARL lo estableció y fue lo que precisamente la condujo a establecer las recomendaciones de intervención para evitar que se produjeran sucesos similares y brindar así un entorno de trabajo seguro. Para descargar la providencia dar clic aquí SL1140-2023 INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES GENERALES DE PROTECCIÓN