La Corte Suprema defendió la necesidad de mantener la inversión de la carga probatoria para proteger al afiliado, alegando que la AFP, por su posición de superioridad técnica y contractual, debe asumir las consecuencias de no acreditar que cumplió con su deber de informar. La Corte rechazó aplicar la línea constitucional reciente al considerar que ello vulneraría la equidad procesal y los principios de protección al consumidor financiero en materia pensional.
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