SU01143-2013: uso indiscriminado contrato prestación servici

El honorable Consejo de Estado, en sentencia SU01143-2013, colocó un alto al uso indiscriminado del contrato de prestación de servicios profesionales por parte de las entidades públicas. Decidió la sección segunda de esa corporación los recursos de apelación formulados contra la sentencia de segundo grado del Tribunal Administrativo de Antioquia, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, las cuales estaban dirigidas a declarar la existencia de una relación laboral encubierta bajo la modalidad de contrato estatal de prestación de servicios profesionales. Ante ese panorama, esa corporación precisó las constantes advertencias y recomendaciones que, en conjunto con la Corte Constitucional, se han emitido en relación con el uso indiscriminado del contrato de prestación de servicios profesionales por parte de las entidades públicas, como mecanismo para encubrir verdaderas relaciones laborales que conllevan al desconocimiento de las garantías constitucionales promulgadas por la Carta. Sobre el particular, ha sostenido el alto tribunal de lo constitucional: El uso indiscriminado de contratos de prestación de servicios constituye una violación sistemática de la Constitución, razón por la que la jurisprudencia ha establecido los casos en los que se configura una relación laboral, con independencia del nombre que le asignen las partes al contrato y ha sido enfática en sostener que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 53 Superior, el principio de primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales debe aplicarse en las relaciones laborales entre particulares y en las celebradas por el Estado. Con igual senda, se rememoró lo expresado por la Organización Internacional del Trabajo en cuanto al deber de los Estados, de proteger los derechos de los trabajadores a partir de la eliminación de las prácticas de empleo encubierto, así: (b) luchar contra las relaciones de trabajo encubiertas, en el contexto de, por ejemplo, otras relaciones que puedan incluir el recurso a otras formas de acuerdos contractuales que ocultan la verdadera situación jurídica, entendiéndose que existe una relación de trabajo encubierta cuando un empleador considera a un empleado como si no lo fuese, de una manera que oculta su verdadera condición jurídica, y que pueden producirse situaciones en las cuales los acuerdos contractuales dan lugar a que los trabajadores se vean privados de la protección a la que tienen derecho. Finalmente, concluyó esa corporación, que: Si se comparan, no existe gran diferencia entre el contrato de prestación de servicios (que oculta una relación laboral) y el empleo encubierto que define en este caso la OIT. Al igual que este, presenta «una apariencia distinta de la que en verdad tiene con el fin de anular, impedir o atenuar la protección que brinda la ley»; una práctica contractual que se ve favorecida por la ambigüedad de las obligaciones de las partes interesadas, o «cuando existen vacíos o insuficiencias en la legislación, inclusive con respecto a la interpretación o la aplicación de las disposiciones jurídicas. De ahí que en el escenario nacional, y, particularmente, en el caso del contrato de prestación de servicios, la proliferación de demandas que alegaban el ocultamiento de relaciones laborales obligó a esta jurisdicción a desarrollar el concepto del «contrato realidad», con sustento en el artículo 53 de la Constitución Política, estableciendo la primacía de la situación fáctica objetiva sobre el nomen iuris que se le hubiera aplicado. Un criterio que ya venía consolidado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional en innumerables fallos de tutela, que, hasta la fecha, no ha modificado, pues sigue evidenciando esta mala práctica en la Administración, hasta el punto de exhortarla a prescindir de ella y a encaminarse hacia un uso estricto del contrato. Descarga la providencia aquí SU01143-2013