SU405-2021: Unificación de jurisprudencia: Reglas para atender casos de inexactitudes o errores en la historial laboral.

La honorable Corte Constitucional en sentencia SU405-2021 unificó su jurisprudencia en cuanto a las reglas para atender casos de inexactitudes o errores en la historial laboral. Esa corporación conoció en sede de revisión de una acción de tutela contra providencia judicial de un proceso laboral, cuya finalidad era la protección de sus derechos fundamentales presuntamente transgredidos por Colpensiones. Como fundamento fáctico se adujó que la accionante acudió al juez laboral por el reconocimiento de su pensión de vejez, el cual en primera y segunda instancia denegó las pretensiones de la demanda pese a existir 3 clases de historias laborales incongruentes entre sí de la accionante. Presentado el recurso extraordinario de casación ante la Corte Suprema de Justicia, esta corporación resolvió no casar la sentencia impugnada. Por lo que fue impetrada acción de tutela en contra de la sentencia de casación ante el juez constitucional, quien nuevamente, en primera y segunda instancia, negó el amparo solicitado. Ante ese escenario, la Corte en sede de revisión abordó el estudio conjunto del caso en concreto y reiteró y unificó su jurisprudencia en cuanto a las reglas en casos de inexactitudes o errores en la historia laboral que pueden suscitar conflicto entre la administradora y el afiliado. Sobre el particular, la Corte sostuvo que la carga, la de la prueba en estos casos, recae enteramente sobre las administradoras de pensiones de acuerdo con las siguientes reglas: En efecto, la primera responsabilidad de estas entidades es la que las vincula con la custodia, conservación y guarda de la información que determina si sus afiliados cumplen los requisitos de acceso a la pensión, así como los documentos físicos o magnéticos en los que reposa tal información. Ello supone que, como responsables de la custodia de la historia laboral, las administradoras deban garantizar que los datos sean ciertos, precisos, fidedignos, completos y actualizables. Igualmente, deben brindar respuestas oportunas a las solicitudes de información que inicien tanto los afiliados, como las autoridades judiciales o administrativas que lo requieran. En últimas, las historias laborales son documentos que elaboran las administradoras de pensiones, a partir de las bases de datos que estas mismas gestionan. De ahí que es apenas lógico que sean las administradoras de pensiones las llamadas a responder por su exactitud y veracidad. La segunda regla que ha sostenido de forma pacífica la jurisprudencia es una consecuencia lógica de la anterior. En tanto la historia laboral es un documento que emana de las administradoras de pensiones -el cual se nutre de las bases de datos a su cargo- la desorganización, la no sistematización de los datos o el descuido, no pueden repercutir negativamente en el trabajador. De modo que las posibles fallas de las administradoras, desde el punto de vista operacional -y que acarrean el incumplimiento de sus deberes en la gestión de la historia laboral- “no puede traducirse en una denegación del derecho a la seguridad social del ciudadano que tiene la expectativa legítima de pensionarse.” La función de las administradoras de pensiones dentro del Sistema de Seguridad Social, los deberes que les asiste y las potestades con que cuentan estas entidades para administrar la información y aplicar los correctivos que sean necesarios conlleva que “no les es dable trasladarle al interesado las consecuencias negativas del deficiente cumplimiento de dichas obligaciones, es decir, de la pérdida, deterioro, desorganización o no sistematización de dicha información”; máxime “si esta tiene consecuencias sobre la reivindicación de derechos fundamentales.” Una interpretación contraria “tornaría ineficaces las disposiciones relativas a los deberes que competen a estas entidades como administradoras del sistema, pues administrar implica, de suyo, propender por la mejor prestación de los servicios que se dirigen y prestan, siendo contrario a derecho la vulneración de garantías constitucionales como consecuencia de la inobservancia de obligaciones administrativas de esta índole.” La tercera regla, reiterada por la jurisprudencia constitucional, deriva del principio de respeto por el acto propio, y señala que solo ante razones justificadas y debidamente sustentadas ante el afiliado es posible modificar la información contenida en la historia laboral. El Artículo 83 superior les impone a las autoridades y a los particulares el deber de ceñir sus actuaciones a los postulados de la buena fe. La Corte ha reconocido, sobre ese supuesto, que los particulares tienen derecho a que sus expectativas frente a la manera en que serán abordadas sus solicitudes se respeten. Tal es el sentido de la confianza legítima, al que la jurisprudencia “se ha referido como una expresión del principio de buena fe que protege a los ciudadanos frente a las actuaciones administrativas que modifiquen, de forma intempestiva, el criterio conforme al cual formularon sus peticiones.”146 Así, se ha sostenido que la información contenida en la historia laboral genera expectativas legítimas en el afiliado y vincula a la administradora de pensiones que la expidió. De ahí que lo primero que ha recordado la jurisprudencia es que estas entidades “no pueden cambiar arbitrariamente la historia laboral. No es admisible que un afiliado reciba una constancia de tiempos de servicios, y luego la misma entidad emisora la modifique súbitamente, sin que el trabajador conozca las razones, ni haya tenido la oportunidad de manifestarse al respecto. El principio de buena fe prohíbe estos cambios intempestivos.” Bajo dichas consideraciones, esa corporación resolvió amparar los derechos fundamentales de la accionante, dejar sin efectos la sentencia de casación y ordenar a Colpensiones la liquidación y reconocimiento de la pensión de vejez. Descarga la providencia aquí SU405-2021