T107-2023 Prerrogativas y derechos opositores restitución

La honorable Corte Constitucional en sentencia T107-2023 se pronuncio sobre las prerrogativas y los derechos de los opositores en el trámite de restitución de tierras. Durante la fase administrativa del proceso de restitución de tierras, cuando se solicita la inscripción de un predio en el registro, la URT debe comunicarles dicho trámite a los propietarios, poseedores u ocupantes que se encuentren en el inmueble. Lo anterior, para que aporten los documentos y evidencias referentes tanto a la calidad de propietarios, poseedores u ocupantes de baldíos como respecto de su buena fe exenta de culpa. Por su parte, el artículo 2.15.1.4.3. del Decreto 1071 de 2015, que se ocupa de regular la etapa probatoria en la fase administrativa, alude expresamente a la confidencialidad de la información del proceso. Este indica que el solicitante “contará con la oportunidad de controvertir las pruebas antes de que se dicte decisión de fondo”. En contraste, frente al propietario, poseedor u ocupante, la disposición reglamentaria se limita a señalar que aquellos podrán “presentar las pruebas documentales que acrediten su calidad y buena fe, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso 4 del artículo 76 de la Ley 1448 de 2011”. En consecuencia, es evidente que existen mayores limitaciones en el acceso a la información y en el derecho de contradicción de los propietarios, poseedores u ocupantes de los predios inscritos en el RTDAF. Igualmente, el mencionado decreto señala que los actos definitivos emitidos en el procedimiento administrativo son el de “no inicio formal de estudio” y el que decide sobre el ingreso al RTDAF. También, la normativa reglamentaria precisa que contra los mencionados actos administrativos “únicamente procede el recurso de reposición”. Una vez agotado dicho procedimiento administrativo, el solicitante que no haya sido incluido en el Registro, podrá acudir ante la jurisdicción contencioso-administrativa en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho. Por lo anterior, la corte concluye que el control de las decisiones adoptadas en la fase administrativa del proceso de restitución de tierras quiso limitarse: Al recurso de reposición contra los actos administrativos de no inicio formal de estudio y el que decide sobre el ingreso al RTDAF. En sede jurisdiccional, al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra el acto que niega la inclusión en aquel registro. De igual modo, el escenario de los actos administrativos que no incluyen un inmueble en el registro es distinto de aquellos en los que se inscribe dicho predio. En el primer caso, no se cumple el requisito de procedibilidad y, por lo tanto, no hay lugar a iniciar la actuación judicial. En contraste, en la segunda hipótesis, cuando ocurre la inscripción en el RTDAF y se presenta la solicitud de restitución, esos actos administrativos habilitan el inicio de la etapa judicial. Por lo tanto, no tendría sentido que el juez contencioso-administrativo efectuara su control de legalidad mientras el proceso de restitución sigue su curso. A su turno, en la fase judicial, después de admitir la solicitud de restitución, el juez inicia la etapa de oposición con el traslado de la solicitud a quienes figuren como titulares inscritos de derechos en el certificado de tradición y libertad del predio respectivo. De acuerdo con el artículo 88 de la Ley 1448 de 2011, si alguno de estos sujetos se hace parte en el proceso judicial, adquiere la condición de opositor. En este sentido, la Corte ha sostenido que los opositores son quienes: “se hacen parte en la etapa judicial del proceso de restitución de tierras, tras considerar que son: Titulares de derechos inscritos o legítimos sobre el predio solicitado en restitución. Se consideran afectadas por el eventual resultado de la solicitud, como ocurre con los que a pesar de que no tuvieron ninguna relación (directa ni indirecta) con el abandono o despojo, allí tienen su vivienda o de allí extraen su sustento –segundos ocupantes–. Aquellas que pretenden tachar la condición de víctima del solicitante”. Aunado a lo anterior, la ley les otorga un amplio margen de acción a los opositores en esta fase del proceso e impone al juez el deber de referirse expresamente a las excepciones planteadas por aquellos. De este modo, las normas que regulan el proceso de restitución de tierras establecen distintas facultades y prerrogativas para quienes detentan alguna relación con el bien objeto de dicho trámite. En la etapa administrativa, los propietarios, poseedores u ocupantes pueden aportar las pruebas para demostrar su buena fe exenta de culpa. Sin embargo, en ese momento, aquellos no se consideran propiamente opositores, pues tal condición es reconocida únicamente con posterioridad al inicio de la etapa judicial. Es decir, la fase administrativa carece de una connotación contenciosa porque los terceros intervinientes no pueden controvertir los elementos probatorios y fácticos que allegan quienes solicitan su inscripción en el RTDAF. En suma, en virtud de la naturaleza mixta del proceso de restitución de tierras, las normas que rigen el asunto restringieron la posibilidad de que los opositores acudieran a la jurisdicción de lo contencioso administrativo para controvertir el acto de inscripción en el RTDAF. Para la Sala, los opositores adquieren tal calidad únicamente en la etapa judicial, en la cual se amplía el alcance de su facultad de contradicción probatoria. En consecuencia: "El derecho de defensa de los opositores respecto del cumplimiento del requisito de procedibilidad, está llamado a ejercerse en la fase judicial del proceso de restitución de tierras. En ese trámite, el juez está facultado para verificar el debido cumplimiento del requisito de procedibilidad previamente definido en la fase administrativa. De esta forma, a los opositores se les garantiza un recurso judicial efectivo que compensa la restricción que tienen para demandar el acto administrativo que ordena la inclusión en el registro". Descarga la providencia aquí T-107-23