T194-2024 No se puede suspender automática el pago subsidio

La Honorable Corte Constitucional en sentencia T194-2024 estableció que no se puede suspender de manera automática el pago del subsidio por el no cobro del mismo. Lo anterior, dentro de una acción de tutela en contra del DPS y la Alcaldía de Soledad (Atlántico), por haber suspendido el pago del subsidio económico otorgado por el Programa de Protección Social al Adulto Mayor “Colombia Mayor” y, posteriormente, retirar a la accionante del mismo, al haber incurrido en la causal de “no cobro consecutivo de subsidios programados en dos giros”. La corte recordó las causales de retiro del programa, que por regla general ocurre por dejar de cumplir los requisitos para la pertenencia al programa “Colombia Mayor”. Además de dicha causal genérica, el artículo 37 del Decreto 3771 de 2007 prevé la “Pérdida del derecho al subsidio” cuando el beneficiario incurra en alguna de las siguientes causales: Causales de retiro 1. Muerte del beneficiario. 2. Comprobación de falsedad en la información suministrada o intento de conservar fraudulentamente el subsidio. 3. Percibir una pensión. 4. Percibir una renta, entendida como la utilidad o beneficio que se obtiene de alguna actividad. 5. Percibir otro subsidio a la vejez en dinero, que sumado con el del Programa de Protección Social al Adulto Mayor, sea superior a medio smlmv otorgado por alguna entidad pública. 6. Mendicidad comprobada como actividad productiva. 7. Comprobación de realización de actividades ilícitas, mientras subsista la condena. 8. Traslado a otro municipio o distrito. 9. No cobro consecutivo del subsidio en 4 giros para aquellos municipios donde el pago del subsidio sea mensual. 10. Retiro Voluntario. 11. Cuando se encuentre que se incumplen los requisitos o se presenta modificación de los requisitos de ingreso, entre otros, la edad y el nivel del Sisbén o se encuentren incursos en alguna causal de retiro. 12. Cuando no es posible ubicar a la persona se le debe garantizar el derecho de defensa. Para suspender o retirar al beneficiario del programa “Colombia Mayor”, el administrador fiduciario debe realizar cruces periódicos de la información de la base de datos de beneficiarios con diversas bases de datos públicas, con el fin de determinar que estos no incurran en una causal de pérdida del subsidio. En presencia de alguna de estas circunstancias, y en cumplimiento del deber de debida diligencia de la Administración pública en la garantía del derecho al debido proceso del adulto mayor, “se requiere una acción de verificación se genera un bloqueo preventivo”, pues “los retiros de aspirantes de la base de potenciales beneficiarios serán informados por el administrador fiduciario al municipio o distrito respectivo, para que se adelanten las acciones de verificación del caso, respetando el debido proceso y el derecho a la defensa”. Así, en caso de que el beneficiario esté incurso en alguna causal, la entidad territorial debe comunicarse con éste para que aclare la situación. Si el beneficiario no presenta justificación o dicha justificación no es razonable y proporcionada, la entidad territorial “elabora el acto administrativo motivado que argumenta la exclusión del beneficiario del programa, informa al beneficiario y le solicita el reintegro de los subsidios cancelados”. Además, el retiro del programa, de un lado, debe adelantarse con respeto de los derechos al mínimo vital y a la vida digna del adulto mayor. De esta forma, solo se puede realizar el retiro luego de que se analice el impacto que la decisión puede causar en estos derechos fundamentales y, por tanto, como de manera reiterada lo ha señalado esta Corte, “debe estar precedido de una verificación de las condiciones materiales de vulnerabilidad de la persona por parte de la entidad territorial. En otros términos, el adulto mayor no puede ser privado del beneficio económico hasta que no se acredite que las condiciones de vulnerabilidad socioeconómica que dieron lugar al subsidio han cesado”. De manera que, en los términos de la jurisprudencia constitucional, “s deber de las entidades que administran programas sociales establecer, en consonancia con el principio de razonabilidad, que la suspensión del pago del subsidio no dará lugar a que la situación de vulnerabilidad económica, que en un principio justificó la inclusión del beneficiario dentro del programa, retorne, en detrimento de los derechos fundamentales de un sujeto de especial protección constitucional”. En consecuencia, el ente territorial debe acreditar el desarrollo de un procedimiento administrativo para la suspensión o retiro del beneficiario del programa precedido del cumplimiento del deber de debida diligencia a que se hizo referencia supra, de conformidad con el cual debe guiar al adulto mayor para (a) ejercer de manera plena su derecho de defensa y contradicción y, de tal forma, (b) presentar la justificación correspondiente frente al presunto incumplimiento de los requisitos del programa. Una vez adoptada la decisión de suspensión o retiro, según corresponda, la entidad territorial debe realizar las siguientes actuaciones administrativas para materializar su decisión: (i) elaborar la ficha de retiro del beneficiario; (ii) notificar el acto administrativo que motiva el retiro del beneficiario y soporta la novedad; (iii) adjuntar los documentos que soportan la solicitud del retiro y (iv) elaborar el acta del comité del adulto mayor en la que se relacionen las novedades a tramitar. En particular, el no cobro de dos giros programados en forma sucesiva por parte del beneficiario, “y sin que este se reporte, se comunique e informe los motivos que han impedido el cobro, da inicio a la verificación y localización del beneficiario, actividad que se puede apoyar utilizando los medios de comunicación hablada y escrita, contactos con los familiares, visita domiciliaria, edictos o cualquier otro medio que considere el municipio o distrito”. Solo tras surtirse este procedimiento, “el Administrador Fiduciario del Fondo de Solidaridad Pensional, efectuará el retiro de aspirantes o potenciales beneficiarios de la base de datos cuando del resultado de los cruces de bases de datos realizados por el administrador fiduciario u otra información que reporten los municipios, se encuentre que la persona o aspirante no cumple los requisitos para pertenecer al programa, de acuerdo con la normatividad vigente”. Para descargar la providencia dar clic aquí T-194-24