T206/21 Ordenan instalar energía eléctrica en vivienda

La Honorable Corte Constitucional en Sentencia T206/21 Ordeno instalar energía eléctrica en vivienda afectada por la falta de este servicio. Una qué ciudadana tiene reside con su madre y dos nietos menores de edad en una casa ubicada a dos kilómetros del casco urbano del municipio de Sopetrán, Antioquia. Con el fin de tramitar la licencia de construcción de su vivienda, solicitó a EPM determinar la viabilidad del servicio. La empresa avaló la instalación y, en consecuencia, le fue autorizada licencia urbanística y de red de servicios. Pese a ello, EPM negó la conexión del servicio en la vivienda de la accionante. Aseguró que el inmueble se encuentra ubicado en una zona de reserva para ampliación de la red vial y según la Ley 1228 de 2008, allí es inviable la instalación de servicios públicos. La corte señaló que: "En el caso de la accionante se generó una expectativa legítima de instalación y de habitabilidad de la vivienda cuando EPM le concedió el punto de conexión para la residencia lo cual generó la licencia de construcción. Además, advirtió que según la Secretaría de Planeación de Sopetrán en la zona de ubicación de la vivienda de la accionante no están proyectadas ampliaciones viales, ni intervenciones a futuro que llegasen a requerir estas áreas." Además, la corte indico que: “Cuando existe una vivienda ya consolidada, sea porque se encuentra construida o porque se tiene autorización para su construcción, el Estado y las entidades prestadoras de servicios públicos deben garantizar la habitabilidad y disponibilidad de servicios. Esto, por supuesto, a menos que exista un motivo imperioso por el cual no sea posible garantizar estas facetas de la vivienda digna, como la necesidad de preservar la vida o integridad de las personas que habitan el sector. Este, sin embargo, no es el caso actual pues no existe un motivo imperioso de interés general u orden público que haga inviable la instalación de los servicios públicos en el hogar de la accionante”. El Alto Tribunal explicó que el servicio de energía eléctrica no solo es un derecho protegido por la jurisprudencia y los organismos internacionales, sino que adquirió una protección adicional durante la pandemia del COVID-19. Por lo tanto, no tener acceso a dicho servicio contribuye a la pobreza energética que afecta especialmente a los sujetos de especial protección constitucional, como es el caso de los dos nietos de la accionante, quienes han tenido dificultades para acceder a una educación continua y de calidad por la falta de prestación del servicio. Por lo anterior, la Corte Constitucional protegió los derechos a la vivienda digna, la educación y la garantía constitucional de la confianza legítima de una mujer y de su núcleo familiar. En consecuencia, le ordenó a Empresas Públicas de Medellín E.S.P. instalar el servicio de energía eléctrica. Descarga la providencia aquí T206/21