La ilustre Corte Constitucional, en sentencia T219-2021, determinó que el derecho pensional de un adulto mayor fue vulnerado por los jueces de 1ª y 2ª instancia al desconocer los reiterados pronunciamientos de esa corporación sobre el principio de favorabilidad.

Esta conclusión se dio en el trámite de la acción de una tutela formulada por un adulto mayor contra las sentencias de 1ª y 2ª instancia dentro del proceso ordinario laboral, cuyo objetivo era la reliquidación de la prestación de conformidad con el Acuerdo 049 de 1990 (que tiene una tasa de reemplazo del 90% del IBL), y no con la Ley 100 de 1993 (que prevé una tasa de reemplazo del 76% del IBL).