Tortura agravada a periodista y abogada

El Tribunal Superior del Distrito judicial de Bogotá, Sala penal, revoco la absolución de primera instancia y en su lugar condeno a un funcionario del DAS por tortura agravada a periodista y abogada que investigaba el homicidio de Jaime Garzón y la presunta desviación de la investigación por parte del DAS.

En la sentencia, el tribunal abordo el contexto criminal del DAS e hizo un recorrido desde su creación y haciendo énfasis en el año 2003, fecha en la que se creó el GEI-3 y que se dedicó a registrar las personas pertenecientes a ONG para hacerles seguimientos e interceptar sus comunicaciones.

El GEI-3 remitía información sobre posibles objetivos – ONG contrarias al Gobierno- a la Subdirección de Operaciones y viceversa, con el fin de perfilarlos y hacerles seguimientos, mediante la Subdirección de Contrainteligencia encargada de buscar datos de interés en diferentes bases de datos de acceso público y privado.

El GEI-3 estigmatizaba a los miembros de ONG, particularmente, del Colectivo, al considerarlos beligerantes, contradictores políticos y afines a organizaciones terroristas. El DAS elaboró panfletos propagandísticos con sus fotografías, en los que exhortaban a la población a exigirles que no solo denunciaran las violaciones a derechos humanos cometidas por las autodefensas, sino también por las FARC y el ELN. Además, prevenían al público a no convertirse en cómplice del terrorismo; Colombia se lo agradecerá.

Es claro que el DAS, mediante su Dirección General de Inteligencia, las subdirecciones adscritas a ella y, específicamente, por intermedio del GEI-3, se encargaron de estigmatizar, perfilar, perseguir, amenazar, hostigar y desacreditar a los miembros del Colectivo, mediante el uso de estrategias ilegítimas, atentatorias de derechos y garantías fundamentales y contrarias a la Constitución y a los postulados legales que regían al departamento. Esto, con el fin, supuestamente, de velar por la seguridad nacional. Sin embargo, lo cierto es que ese departamento creó y mantuvo en el tiempo una suerte de policía secreta encargada de aniquilar cualquier fuente de oposición a la labor de las autoridades y del Gobierno de Álvaro Uribe Vélez.

El Tribunal de Bogotá concluyo lo siguiente:

La sala encuentra que en el DAS existió una política interna destinada a perseguir y desestabilizar diferentes organizaciones que consideraban opositoras al Gobierno y a las cuales etiquetaban como afines a grupos terroristas, por lo que perseguían y estigmatizaban a sus miembros. Como se explicó, en el marco de la Operación Transmilenio, todas las personas pertenecientes al Colectivo fueron objetos y víctimas de estos seguimientos.

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