El privilegio contra la autoincriminación derecho penal

El privilegio contra la autoincriminación Este fundamento del régimen probatorio del proceso penal está consagrado en el artículo 33 de la CP, según el cual nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo o contra su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil. Este derecho, como es obvio entenderlo, se orienta a evitar que el o la indiciada, el o la imputada o el o la acusada sea sometido a cualquier tipo de presión por parte de las autoridades de investigación o juzgamiento, con el propósito de que se declare culpable. Se trata de una garantía que está inescindiblemente vinculada al derecho del acusado o acusada de guardar silencio, pues si lo ejerce, evita autoincriminarse. En el modelo continental europeo, por razones ligadas a su sistemática procesal, el privilegio contra la autoincriminación es de vieja data. En este, el o la acusada no está obligada a declarar y si lo hace, no presta juramento, circunstancia ante la cual no está abocado a consecuencias punitivas en caso de faltar a la verdad. El modelo anglosajón, en cambio, el privilegio contra la autoincriminación, si bien, tiene fundamentos superiores, está planteado en términos diferentes, al punto de que el acusado o acusada incurre en perjurio si falta a la verdad en su propio juicio. Además, solo a partir de los años 60 del siglo XX, en virtud de precedentes jurisprudenciales ligados a la regla de exclusión de la prueba ilícita, se dotó de una connotación verdaderamente garantista, relevante ya no solo en el juicio, sino prioritaria en la investigación, al punto de que al no ponérsele de presente al indiciado, el privilegio contra la autoincriminación antes de cualquier manifestación, la evidencia así recaudada se reputa ilícita. En este sentido, son clásicas estas consideraciones expuestas por la Corte Suprema de Estados Unidos en Miranda vs Arizona (1966): “La acusación no puede utilizar la declaración –ya sea de culpabilidad o de inocencia- que haya obtenido del detenido de cuya custodia es responsable si no acredita haber seguido, durante el interrogatorio, un procedimiento que garantice eficazmente el derecho a no declarar contra sí mismo. Antes de realizar cualquier pregunta, se ha de informar al detenido de que tiene derecho a guardar silencio, de que todo cuanto declare puede ser utilizado como prueba en su contra y que tiene derecho a la asistencia de un abogado, de su designación o de oficio”. Es importante tener en cuenta que este derecho no solo protege al indiciado o imputado del proceder abusivo de las autoridades policiales, sino también de estrategias indebidas de la Fiscalía: a partir del momento cuando cuente con elementos materiales probatorios o evidencias físicas que señalen a una persona como probable autora o partícipe de conductas punibles, le queda proscrito asumirla como un eventual testigo y recibirle entrevistas o declaraciones juramentadas. En el caso de proceder de esta forma, esas actuaciones y las que de ella se deriven, quedarán afectadas por ilicitud por haberse obtenido con violación de derecho a la no autoincriminación, y resulta indiferente para tal efecto que en esas actividades investigativas, el indiciado haya sido formalmente tratado como testigo. Desde luego, se trata de un derecho renunciable, pues el acusado o acusada puede optar por rendir interrogatorio ante las autoridades de investigación y por declarar en su propio juicio. El problema radica en que al obrar de esa forma, puede incurrir en una autoincriminación involuntaria, circunstancia ante la cual se plantea el debate de sí el privilegio se extiende también a tales manifestaciones. Visita nuestra TIENDA VIRTUAL