Justicia Digital; Historia de una promesa incumplida

Justicia Digital; Historia de una promesa incumplida Por: Dairo Mateus Estrada CEO GMH Abogados Al fin llegó la fecha, 1 de julio del 2020, quedará en la memoria de los abogados como el día 0, ese día que se creía nunca llegaría, cuando, hace 24 años, se expidió la ley 270 de 1996 (ley estatutaria de la administración de justicia) y en su artículo 95 hablaba de “la tecnología al servicio de la administración de justicia”, ese artículo, nos traía una gran promesa “formación, conservación y reproducción de los expedientes” era el preámbulo de lo que hoy denominamos, expediente digital. Pasaron 6 años, para que el Consejo Superior de la Judicatura, se acordara de la existencia del mencionado artículo 95 de la ley 270 de 1996, (y eso que en el 99, se expidió la ley 527 DE 1999 Por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales, y se establecen las entidades de certificación y se dictan otras disposiciones) por lo que, expidió el acuerdo 1591 de 24 de octubre de 2002, a través del cual se implementó el sistema de gestión denominado Justicia Siglo XXI, de manera prioritaria en 5 ciudades (Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga); así pasaron 4 años, ya en el 2006, el CSJ dijo, vamos a darle otro empujoncito a esto de la tecnología, y expidió el Acuerdo No. 3334 de 2 de marzo de 2006 por medio del cual se reglamentó la utilización de los medios electrónicos e informáticos en el cumplimiento de las funciones de la administración de justicia, El acuerdo 3334, a diferencia del 1591, fue un verdadero avance en materia de Justicia Digital, en ese acuerdo, se empieza a usar conceptos como, mensaje de datos; Firma electrónica; acuse de recibido etc, incluso, este acuerdo establece la posibilidad que los despachos judiciales que contarán con los medios técnicos, publicarán en el sitio web, las notificaciones que deban ser fijadas en el despacho, esto solo con carácter informativo, herramienta muy valiosa, que a la postre, pocos juzgados usaron, y aun en la actualidad, pocos juzgados usan; luego en el 2008 se expidió el acuerdo 4937 de 8 de julio de 2008 que permitió la consulta de procesos por medio del código único de radicación de procesos que consta de 23 dígitos (12 dígitos del Código Único de Identificación Geográfica del juzgado, y once (11) dígitos correspondientes al Código de Identificación del Proceso.) Pasaron 15 años, para que, por fin, una ley, nos hablará de expediente electrónico, se revivía nuevamente la esperanza de una Justicia Digital, esta ley no es otra que, la ley 1437 del 2011 CPACA, casi que paralelo a ella, esto es un año después, se expide la 1564 del 2012 el CGP, estos dos códigos, empezaron a moldear lo que sería en sí, la Justicia Digital; Expediente Digital, Audiencias y actos procesales de forma electrónica, notificación electrónica etc. incluso el CPACA fue mucho más atrevido que el CGP, y en el Parágrafo del Artículo 186 le ordenó al Consejo Superior de la Judicatura que, en el término no mayor de 5 años a la vigencia de dicha norma, se implementará el expediente electrónico en la jurisdicción de lo contencioso-administrativo. Para la época en que finalizó el plazo establecido en el CPACA es decir el 2 de julio del 2017 ya el Consejo Superior de la Judicatura, empezaba a mencionar lo que sería la herramienta que pondría en marcha la Justicia Digital, si colegas, hablo nada más y nada menos que de la plataforma TYBA, la que por fin pondría en marcha la Justicia Digital, por fin podríamos consultar todas las providencias de los Juzgados en línea, pero, en pleno 2020 esta plataforma ha pasado sin mayor pena ni gloria, y esto, no porque la plataforma sea mala, no, para nada, de hecho es una buena herramienta, he tenido la oportunidad de llevar procesos en algunos juzgados que son muy juiciosos con subir los documentos a esta plataforma, y he podido visualizar estados y sentencias en la misma, sin necesidad de acudir a los despachos judiciales, el inconveniente radica, en que, la mayoría de los despachos judiciales no han sido dotados con la tecnología suficiente para la digitalización del expediente, aunado a esto, la falta de capacitación de los funcionarios en el manejo de estos elementos tecnológicos, y además, esto debemos decirlo, la renuencia de algunos empleados y funcionarios de la rama para familiarizarse con estas herramientas tecnológicas. El año 2020 ha sido un año un tanto extraño, pasó lo que nadie esperaba que pasara, incluso, existía más expectativa que pasara algo malo en el 2000 por aquello del cambio de siglo, o en su defecto en el 2002 por una supuesta profecía maya del fin del mundo, pero no, la malo paso en el 2020, y en Colombia empezó el 25 de marzo del 2020, fecha en la que el gobierno nacional declaró la cuarentena nacional, pero, los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, en su infinita sabiduría, lograron vislumbrar el oscuro panorama que se avecinaba, y establecieron la suspensión de términos judiciales el día 16 de marzo del 2020, empezando así, una carrera maratónica, para implementar la Justicia digital, ante el panorama desolador que se ve a futuro, y que según pronósticos científicos, se mantendría al menos, hasta el mes de diciembre del 2020, y es así, como el Consejo Superior de la Judicatura en poco más de 100 días, trato de hacer lo que no hizo en 24 años, implementar la justicia digital. Y llegamos al punto 0, y como era de suponerse, la Justicia Digital se ha implementado a los machetazos, y apenas se empieza a identificar las falencias, tanto grandes (expedientes sin digitalizar, computadores viejos) como pequeñas (rebote de correos, congestión de la página web) teniendo en cuenta lo anterior, han surgido grandes dudas, tales como, ¿lograremos salir avante en este proceso? ¿Tendremos que esperar 24 años más para ver cumplida la promesa de expedientes digitales? ¿Pasada la pandemia, volveremos a estar como antes, o seguiremos con los pequeños cambios implementados? Son muchas más las preguntas que nos podemos hacer, pero solo el tiempo nos dará la respuesta, por ahora, solo nos queda poner todos de nuestra parte (Rama Judicial, Abogados, Litigantes, Clientes) para tratar de sacar adelante la virtualidad de la mejor manera…